40 años de una Carta Magna donde no aparece la palabra Vivienda. Simplemente no existe. La Constitución no establece el derecho a la vivienda.

Miguel Lawner. Arquitecto. 04/12/2020. La insurrección popular iniciada en octubre del año pasado alcanzó tal magnitud, que amenazó con poner fin a la institucionalidad existente. El gobierno y la mayoría de los partidos políticos, se apresuraron en convenir la realización de un plebiscito, destinado a abrir la posibilidad de aprobar un nuevo texto constitucional, poniendo fin a la ilegítima Carta Magna impuesta por la dictadura en 1980. 

Por otra parte, en marzo de este año, se conoció el primer caso de una persona contagiada con el virus Covid-19, que rápidamente se extendió a todo el país, obligando a establecer el confinamiento en las principales ciudades, toques de queda y finalmente un decreto del gobierno, declarando el Estado de Catástrofe que aún está vigente. 

La pandemia afectó gravemente la situación de los sectores de ingresos bajos y medios, muchos de los cuales perdieron su fuente de subsistencia. Los proyectos de ley presentados por el gobierno al Parlamento han estado lejos de satisfacer las demandas de decenas de miles de familias que han perdido su fuente de ingresos económicos. 

Las organizaciones populares organizaron una red de ollas comunes destinadas a atenuar los efectos de la crisis. Surgieron múltiples iniciativas a nivel local, así como en redes sociales, rechazando las miserables iniciativas del gobierno para paliar la crisis. La presión de la calle alcanzó tal magnitud, que el Parlamento aprobó el retiro del 10% de los fondos depositados por cada imponente en las AFP, iniciativa apoyada por un gran número de parlamentarios oficialistas.

Finalmente, el 25 de octubre del presente año, se efectuó el plebiscito convocado para decidir si la ciudadanía aprueba o rechaza la idea de aprobar una nueva Constitución y la modalidad institucional encargada de su redacción. El resultado fue aplastante: 80% de los chilenos respalda la idea de aprobar una nueva Constitución 

Ya es imposible ocultar que enfrentamos un rechazo abrumador, dirigido contra la desigualdad social. Contra la corrupción en las altas esferas de gobierno y el Parlamento. Contra las jubilaciones miserables, el endeudamiento de los universitarios, las colusiones de farmacias y grandes cadenas comerciales, la especulación desenfrenada con el suelo urbano y los arriendos, la privatización de las aguas, la pesca, el litio, los bosques, las autopistas, los servicios públicos y el transporte colectivo. Contra los privilegios inaceptables y la corrupción de las fuerzas armadas, los sueldos exorbitantes de parlamentarios y autoridades de gobierno. En suma: por el hecho de sufrir las consecuencias de un modelo de economía neoliberal, amparada por una Constitución ilegítima, desde 1980 hasta ahora. 

40 años de un país regido por una Carta Magna donde no aparece, jamás, la palabra Vivienda. Cuesta admitirlo, pero es verdad. Simplemente no existe. Además, Chile es el único país latinoamericano junto a Perú, donde la Constitución no establece el derecho a la vivienda.

Nuestro país no será el mismo que ayer y debemos esforzarnos por canalizar correctamente este enorme descontento. Ahora debieran ocurrir cambios estructurales en materias de Vivienda, Desarrollo Urbano y Territorio. Tenemos la obligación de implementarlos, para bien de todos los chilenos.

Breve historia de las políticas habitacionales en Chile

Todos los gobiernos que se sucedieron a lo largo del Siglo XX hasta el golpe militar, todos, sin excepción, entregaron al Estado la responsabilidad fundamental en la producción de viviendas sociales. Fueron las instituciones estatales las que adquirieron todos los terrenos destinados a vivienda social, obras públicas o equipamiento educacional y de salud. Fueron los departamentos técnicos de estas instituciones, los que elaboraron todos los proyectos con sus respectivos expedientes de especificaciones técnicas y presupuestos oficiales, adecuados para convocar a empresas constructoras privadas, a propuestas de construcción de viviendas, hospitales y escuelas públicas, así como a obras de infraestructura urbana.  

Las empresas privadas se limitaron solamente a construir y jamás, alguna institución financiera participó en estos procesos. La producción de viviendas sociales atravesó por la existencia de gobiernos de distinto signo político: derecha, izquierda o centro y siempre fue guiada por el objetivo de velar por el bien común. Algunos gobiernos fueron más exitosos que otros respecto a su capacidad para satisfacer las demandas populares, pero el parque habitacional construido consta de viviendas sólidas, que han resistido satisfactoriamente las catástrofes habituales en nuestro país, ya sea terremotos, aluviones o temporales. Además, todos los proyectos de vivienda social, se guiaron por los principios de la Unidad Vecinal, enunciados en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), por lo cual consultan zonas destinadas al esparcimiento, juegos infantiles, áreas verdes, y equipamientos de salud y educacionales. En suma, haciendo realidad el derecho a la ciudad. Es posible que estos servicios adicionales no se hubieran entregado junto con las viviendas, pero quedaron disponibles los terrenos que permitieron su implementación posterior. 

Cambios introducidos por la dictadura en las políticas habitacionales 

Tras el golpe militar de 1973, viajó a Chile el economista Arnold Harberger, brazo derecho de Milton Friedman en la Escuela de Economía de Chicago, quién dictó una conferencia en el MINVU, manifestando entre otras ideas lo siguiente:

«Yo no soy tan libre mercadista como para pensar que es mejor tener una ciudad sin zonificación que con zonificación. Pero puede haber una planificación tan mala, que sería mejor no tener ninguna».

El MINVU acogió en plenitud estos postulados. El arquitecto Marco Antonio López, Director del Desarrollo Urbano en esa época declaró enfáticamente: «En el crecimiento de las ciudades opera la economía y no los sentimientos». ( )

Todo esto se materializó en 1979, con la promulgación por el gobierno militar de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que -entre otras decisiones irracionales-, propuso la eliminación de los límites urbanos afirmando que el suelo urbano no era un recurso escaso. Además, se señaló que era necesario flexibilizar la planificación con una mínima intervención estatal y que debían eliminarse las restricciones para facilitar el crecimiento urbano siguiendo las tendencias del mercado. ( )

Más adelante se llevó a cabo un gigantesco operativo de erradicación forzada, limpiando de campamentos y asentamientos precarios los distritos residenciales más acomodados de la capital, para trasladarlos a la periferia. Entre 1979 y 1985 se erradicaron 179.000 personas a localizaciones ubicadas en los extramuros de la ciudad que, además, fueron dispersadas en diferentes asentamientos a fin de romper deliberadamente los lazos de afinidad social.

Las políticas de vivienda post dictadura

Tras la elección del Presidente Aylwin en 1990, los gobiernos de la Concertación mantuvieron las políticas de vivienda y desarrollo urbano concebidas por Pinochet. 

El subsidio habitacional individual, había comenzado a operar con dificultades durante la dictadura, pero a partir del restablecimiento democrático, el país experimentó un sostenido crecimiento económico, que permitió ampliar el universo de familias con posibilidades de acceder a la casa propia. La cantidad de viviendas ejecutadas anualmente se elevó desde unas 30.000 unidades a fines de los años 80 hasta un promedio superior a las 100.000 en las décadas posteriores, labor ejecutada conforme a las mismas disposiciones legales y financieras establecidas por la dictadura.

La magnitud de la obra realizada por los primeros gobiernos de la Concertación permitió absorber gran parte del déficit habitacional acumulado durante el mandato de Pinochet y fue exhibido como un modelo a aplicar en el resto de América Latina. 

Los temporales de 1997 nos hicieron abrir los ojos, dejando al descubierto la magnitud del descalabro originado con la aplicación de estas políticas. 2.200 departamentos construidos un año antes en la Villa El Volcán situada en el sector Bajos de Mena de Puente Alto, quedaron inhabitables a raíz de intensas lluvias descargadas sobre la Región Metropolitana. Muros exteriores e interiores, losas y techumbres filtraron abundantemente y se acusaron severos daños estructurales.

Era un acontecimiento inédito en la historia de las viviendas sociales ejecutadas en Chile. A las construcciones de un estándar inaceptable, se añadió la ausencia de espacios públicos y de esparcimiento, la escasez de servicios educacionales, sanitarios, comerciales y la lejanía del transporte público. Bajos de Mena es un auténtico gueto, donde el Serviu Metropolitano concentró en un área de 600 hectáreas, 49 conjuntos habitacionales que suman 25.000 viviendas con alrededor de 120.000 habitantes. Se trata de unidades de inaceptable calidad constructiva, diseñadas mayoritariamente como blocks en tres pisos de altura, agrupadas con densidades brutas en torno a los 700 habitantes por hectárea, carentes de los más elementales principios de la arquitectura, la construcción y la planificación.

Un fenómeno alarmante, intensificado durante los últimos años, lo constituye la especulación con el valor de la vivienda y del suelo urbano, que actualmente alcanzan niveles demenciales, como lo sostienen los académicos Francisco Vergara y Carlos Aguirre  ( ). Sin poner fin a esta situación, no hay ninguna posibilidad de disminuir y mucho menos acabar con la segregación social que exhiben hoy, en especial las zonas metropolitanas de Chile. Es necesario acabar definitivamente con este cuadro, meta posible de alcanzar sólo si el Estado recupera su rol protagónico en el mercado del suelo urbano, a fin de ponerlo a disposición del ciudadano común, cualquiera que sea su condición social. Sin Estado, no es posible lograr un desarrollo urbano armónico e integrador.

Disposiciones de la actual Constitución que impiden el rol social del derecho de propiedad

Veamos lo que establece la actual constitución respecto a la propiedad: Capítulo III. Art. 19.- N° 24.

“Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”. 

Esta es una disposición draconiana, que blinda el derecho de propiedad, haciendo virtualmente imposible que el Estado pueda desarrollar una política de adquisición y/o expropiación de suelos urbanos, a fin de ponerlos a disposición de los sectores de ingresos medios o bajos. 

Disposiciones de la actual Constitución, que limitan al Estado a un mero rol subsidiario.  

El Capítulo III. Art. 19. N° 21 de la Constitución establece lo siguiente:

“El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado.”

Con estas disposiciones, el Estado quedó de manos amarradas para ejecutar cualquier obra por vía de la acción directa.

Cambios indispensables de implementar, en beneficio de políticas de vivienda y territorio, velando por el bien común.

 

  • Banco de Suelos Urbanos Públicos.

 

Esta es una de las medidas que pudo haberse establecido en el marco de la legislación vigente. En efecto, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano entregó a la Presidente Bachelet en abril de 2015, un informe titulado “Medidas para implementar una política de Suelo para la integración social urbana”.

La Medida 12 de dicho informe establece lo siguiente:

“Creación de un sistema integrado de suelos públicos urbanos, destinado a fomentar un desarrollo urbano social y a transparentar la gestión de la cartera de suelo público”.

Más adelante agrega: “Revisión y reforma de las diversas normas sobre adquisición, administración, y enajenación de inmuebles que actualmente están dispersas en  las regulaciones de diferentes organismos públicos: Ministerio de Bienes Nacionales, Fuerzas Armadas,  de Orden y Seguridad, Empresas públicas como Ferrocarriles del Estado, Municipalidades, Serviu, etc que, en la mayoría de los casos no priorizan la gestión urbana y habitacional, concibiendo el suelo como un mecanismo de financiamiento público más”. 

Estos terrenos deben transferirse gratuitamente a los SERVIU para fines de interés social, sea por gestión directa del Estado o indirecta, a fin de favorecer las propuestas de Cooperativas, Comités de Vivienda, Municipalidades, Techo Chile u otras entidades sin fines de lucro, tal como ocurría antes de la dictadura.   

El Banco de Suelos no fue puesto en práctica durante la administración de Michelle Bachelet y tampoco por el actual gobierno. 

b.- Creación de los Servicios Regionales de Desarrollo Urbano.

En este rubro cabe recordar nuevamente otro de los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, contenido en el mismo informe citado anteriormente, a juicio mío el más trascendental, porque permite restituir el ejercicio de la Planificación física y que tampoco ha habido interés en materializar.

Se trata del acuerdo 2.1: Medida de institucionalidad para la regeneración urbana, que establece lo siguiente: “Crear nuevos Servicios Regionales de Desarrollo Urbano (SRDU), con amplia capacidad de gestión urbana y facultades de asociación con municipios y otras entidades públicas y privadas”.

“Con el objetivo de garantizar la integralidad y coordinación de la gestión urbana, se requiere dotar al Estado de una institucionalidad descentralizada con más competencia para la implementación de proyectos y planes urbanos. Para lograrlo, en el espíritu de la   integración de acciones y proyectos que tenía la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), hace cuatro décadas, se propone la creación de nuevos servicios regionales, a cargo de la planificación e implementación de planes y proyectos de desarrollo urbano y habitacional”.  

Desgraciadamente, hasta ahora, no se ha dado un sólo paso intentando materializar un acuerdo tan trascendental en materia de descentralización, además de Planificación Urbana y Territorial, como sería la creación de los SRDU, dependientes de los Gobiernos Regionales

El mundo de mañana

“Abrigamos la confianza que el mundo de mañana será respetuoso de los derechos humanos y del medio ambiente, el lucro tendrá límites y la solidaridad será la regla general.  La economía procurará el bien común y la educación, la salud y la vivienda, estarán al alcance de todos. La vejez será digna y el hábitat respetuoso de nuestro patrimonio y medio ambiente”.  ( )

Los arquitectos, los planificadores urbanos, ingenieros, sociólogos, asistentes sociales y otros profesionales, nos integraremos a los Departamentos Técnicos de las instituciones estatales, verdaderas escuelas de formación profesional y volveremos a jugar un rol decisivo en las políticas de vivienda, sustituyendo a los economistas que hoy –de hecho- gobiernan en el MINVU, a fin de restituir al Estado su rol conductor en Políticas de Vivienda Social, de Planificación Urbana y Territorial, única fórmula capaz de velar por el bien común. 

Una vivienda digna y el derecho a la ciudad, serán una realidad para todas las familias residentes en nuestro país. 

(El Siglo es Soberanía Informativa. Información para el Conocimiento. Por ello es generador de contenidos que contribuyen al análisis, el debate, la profundización temática)

 

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