La institucionalidad está en situación extrema de descomposición, tiene que ser vista como una oportunidad para reconstruir instituciones que permitan recuperar confianza de los ciudadanos.

 Alexis Cortés. Sociólogo. 29/10/2020. El día domingo 25 de octubre Chile vivió un día transcendental. A poco más de un año de iniciado el levantamiento popular del 18 de octubre de 2019 (18-O), en un plebiscito en el que votó la mayor cantidad de electores en toda su historia, pese a la pandemia, las chilenas y chilenos se pronunciaron contundentemente a favor de redactar una nueva Constitución (78,27%), a través de una Convención Constitucional (78,99%), es decir, mediante un órgano con representantes electos exclusivamente para esa función.

Si bien es cierto que el plebiscito fue el resultado del acuerdo del 25 de noviembre de 2019, entre el gobierno y la mayor parte de la oposición de centro-izquierda, quienes buscaban darle una salida institucional a la crisis que se desató el 18-O, sería erróneo atribuirle a ese acuerdo el triunfo del domingo, tal como lo ha afirmado Mario Desbordes, actual Ministro de Defensa y uno de los autores intelectuales del 25 de noviembre: “Lo contundente de la votación, lo masivo de la concurrencia, demuestra que la gente quería lo que estábamos firmando ese día y ya no hay discusión sobre eso”.

Dicho acuerdo fue contestado no solo por los condicionamientos que estableció para limitar el eventual poder constituyente: 1) La existencia de un quórum de 2/3 para los acuerdos en la Convención, lo que revive la política de veto que ejerció la derecha chilena como minoría sobre-representada en el Congreso durante la transición; y 2) La opción por un sistema electoral para elegir a los convencionales que replica el de la Cámara de Diputados, órgano que está en una profunda crisis de legitimidad y donde la derecha ha logrado mejor elegibilidad gracias a su capacidad de presentar listas unitarias a las elecciones.

Sin duda, el mencionado acuerdo le dio viabilidad política a este momento, pero los chilenos parecen tener claro que lo que posibilitó acabar con el último gran enclave institucional de la dictadura de Pinochet, la Constitución de 1980, fue el estado de movilización permanente del pueblo a partir del 18-O. Un sector importante de quienes se han movilizado en el último año, o que los han apoyado, tienen la convicción de que solo a través de su presencia cuestionadora y confrontacional en la calle logran hacerse escuchar y conseguir avances.

El 18-O puede ser visto como una impugnación simultánea al modelo neoliberal de desarrollo impuesto por la dictadura y profundizado en democracia, por un lado, y a la democracia semi-soberana diseñada para protegerlo, por otro. El neoliberalismo supuso la desindustrialización del país y su especialización en la exportación de materias primas, reduciendo al mínimo el rol del Estado y transformando una serie de derechos sociales en nuevos nichos de negocios para privados. El resultado: una sociedad altamente desigual, con empleos precarios y bajos salarios, con ciudadanos altamente endeudados y desprotegidos, que identifican en la generalización del abuso la principal fuente de su descontento. Según la actual Constitución, el Estado chileno no está obligado a garantizar el derecho a la salud, a la educación o a la jubilación. Por otra parte, el sistema político y las instituciones democráticas han entrado en una profunda descomposición, concentrando altos grados de desconfianza ciudadana. Diversos escándalos por financiamiento ilegal de la política por parte de los grandes grupos económicos, por corrupción en instituciones otrora respetadas (como las FFAA y la policía) y la impunidad que ha rodeado a esos casos terminaron por erosionar fuertemente la credibilidad de la democracia chilena ante sus ciudadanos. La misma fue el resultado de un acuerdo inter-elites (entre la dictadura y la oposición), que condicionó la salida pacífica a la dictadura a la impermeabilidad del sistema político frente a las demandas sociales, a la anulación del conflicto social en favor de la estabilidad y al impedimento de cualquier transformación significativa del legado político-económico del régimen de Pinochet.

Considerando lo anterior, no es del todo sorprendente que la demanda de una Nueva Constitución haya concitado un alto nivel de adhesión en las calles, primero, y en las urnas, después. La Constitución de Pinochet no solo se caracterizaría por la ausencia de derechos sociales, también por su opción por un Estado subsidiario que actúa solo donde el mercado no tiene interés en invertir, sino porque además establecía una serie de dispositivos contramayoritarios que hacían improbable el cambio dentro de la institucionalidad.

En ese sentido, la pandemia terminó siendo cruelmente pedagógica: más de una ley destinada a hacer viable el confinamiento fue descartada por inconstitucional. La pandemia también demostró que un Estado mínimo, con una salud pública precaria y reducida y sin derechos sociales que amortigüen los efectos de medidas de confinamiento y de crisis económica son inadecuados en situaciones como ésta. Si antes del Covid el neoliberalismo hacía difícil la vida de los chilenos, con la pandemia el neoliberalismo derechamente dificultaba la sobrevivencia.

El resultado del plebiscito y sus proyecciones

El plebiscito consagró el que tal vez sea el principal legado del 18-O: el fin de la Constitución de Pinochet. Los chilenos tienen buenas razones para celebrar. Sin embargo, los siguientes pasos son más complicados que los ya dados el domingo pasado.

La elección de los eventuales convencionales se realizará en abril del próximo año en base al sistema electoral de la Cámara de Diputados (distritos bajo el sistema D’Hont). Buena parte de los electores consideran que dieron una bofetada al sistema político completo, incluyendo a los partidos, por lo que la recuperación de protagonismo que estos tendrán en la elección de los constituyentes generará descontento y posiblemente nuevas brechas.

Además, dadas, por un lado, las tendencias a la dispersión de los sectores de izquierda, más aún, si se suma la posibilidad de listas de independientes, y, por otro lado, la alta probabilidad de que la derecha presente una lista unitaria a la elección hacen muy factible que los sectores que se opusieron a cambiar la Constitución logren el tercio de representantes suficientes para tener poder de veto dentro de la Convención Constitucional, bloqueando la posibilidad de redactar una constitución que supere el neoliberalismo y las limitaciones de la actual de democracia.

Al mismo tiempo, las votaciones del 25 de octubre evidenciaron otros fenómenos que pueden devenir tendencias incidentes para configurar el nuevo escenario político. En primer lugar, la politización acelerada de la sociedad se expresó particularmente en el aumento de la participación electoral de los sectores populares, los que venían restándose sistemáticamente de los torneos electorales. Las mayores proporciones a favor del cambio de Constitución se dieron precisamente en las comunas más populosas, en aquellas que han sufrido más fuertemente las consecuencias del modelo extractivista chileno (zonas de sacrificio) y también donde más fuertemente se expresó el “estallido social”. Tal como ha señalado el historiador Luis Thielemann: “Es cierto que las elecciones no resuelven la lucha de clases, pero también es cierto que son parte de la misma…En ese sentido, los resultados del domingo en los barrios más movilizados por la revuelta demuestran el desarrollo de la disposición de una importante franja de las clases populares a conseguir sus intereses con política plebeya: votos y barricadas”. Las masivas manifestaciones de conmemoración de un año del 18-O parecen confirmar que la redacción de una nueva Constitución se realizará con un pueblo movilizado que espera incidir y ejercer su poder de presión para diseñar la nueva institucionalidad chilena.

La reconstrucción de los puentes entre este pueblo impugnador y su capacidad de plasmar sus ansias en formas más permanentes, por ejemplo a través de partidos que traduzcan institucionalmente esos deseos de cambios, sigue siendo tal vez uno de los mayores desafíos del actual escenario. El vínculo aparece como indeseable para unos y otros. Sin embargo, el momento constituyente pone la discusión en torno a propuestas, definiciones de bien común e ideas de desarrollo. Así, si el estallido liberó, por irrupción, una fuerza remodeladora del paisaje político, la elaboración de una Nueva Constitución obliga a transformar esa potencia en una fuerza constructiva de una nueva institucionalidad. Esto no significa que el conflicto desaparezca, sino que el mismo podrá ser canalizado de un modo que sea más provechoso para la democracia. La movilización puede ser, en ese sentido, un buen contrabalance de los intentos del partido del orden de restringir la expresión soberana del poder constituyente.

La institucionalidad chilena está en una situación extrema de descomposición, la crisis actual tiene que ser vista como una oportunidad para reconstruir y repensar instituciones que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos, en donde la democracia no sienta temor de la expresión de los anhelos de su pueblo, sino que sea su expresión.

 

 

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