Desde oficinas del Ministerio del Interior y el alto mando policial hubo contactos para salir al paso a cuestionamientos a siete generales por no cumplir protocolos.
Equipo ES. 17/09/2020. En los últimos días se produjeron conversaciones e intercambios reservados entre autoridades del gobierno y altos mandos de Carabineros, por el sumario que emanó desde la Contraloría General de la República en contra de siete generales por incumplimiento de normativas y protocolos en procedimientos y decisiones tomadas durante la revuelta social de 2019. De allí partieron vocerías coincidentes de la autoridad política y el mando policial, cuestionando al ente contralor y defendiendo el actuar policial. Se sumó la derecha con una arremetida en contra de la Contraloría, amenazando con ir a instancias internacionales. Se cuestionó que el organismo del Estado tenga atribuciones para acusar incumplimientos administrativos, pero nada se dijo sobre violaciones a los derechos humanos, más de 400 amputaciones oculares, abusos sexuales y golpizas, y actos criminales que son investigados incluso con sumarios internos en Carabineros. Es más, los abogados defensores de los generales, indicaron que sólo el cuerpo policial puede pronunciarse sobre materia del orden público…
El cruce de comentarios y análisis
Desde oficinas del Ministerio del Interior en La Moneda y desde la sede central de la policía uniformada en calle Zenteno, y por distintos canales, hubo un cruce de comentarios, análisis y decisiones, motivado por el enojo ante el actuar de la Contraloría y coordinar salidas comunicacionales y políticas para defender a Carabineros y atacar al organismo contralor.
Esos contactos se produjeron sobre todo el jueves y viernes pasado e incluyen un encuentro que se habría efectuado entre el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, y varios generales. Así es que se produjeron las coincidentes vocerías del ministro del Interior, Víctor Pérez, del general director de Carabineros, Mario Rozas, del subsecretario de Interior, Gallil, y de los abogados de los mandos policiales.
En ese marco se acordó entre Interior y Carabineros realizar una pauta comunicacional conjunta, donde estuvieron las máximas autoridades de ambas entidades, para mostrar el respaldo del gobierno a los policías. Compartieron la foto Víctor Pérez y Mario Rozas, todo monitoreado por los equipos comunicacionales de ambas instituciones y de La Moneda. Ahí Pérez mostró confianza de que el sumario contra los generales quedará en nada y Rozas, como es habitual hace meses, reconoció el respaldo del gobierno de Sebastián Piñera a su gestión y la de los generales.
A eso se sumó la conversación y el análisis entre dirigentes y parlamentarios de la derecha, que consideraron desatinada la actuación de la Contraloría y se dispusieron a cuestionarla de manera abierta e incluso agresiva. Una de las líneas de comportamiento iría en el sentido de cuestionar e incluso deslegitimar al Contralor, Jorge Bermúdez, incluso recurriendo a instancias internacionales.
La línea a seguir quedó clara de inmediato a través de declaraciones y gestiones del Ministerio del Interior y Carabineros y todo indica que no hay asomo de asumir legal y formalmente los planteamientos de la Contraloría. La idea sería dejar todo en un plano politizado y de no acatamiento a esa entidad, jugando asimismo al desgaste, como ocurre con los miles de casos y querellas que involucran a la policía uniformada.
Pero nada se dice respecto al fondo, y es que se provocaron violaciones a los derechos humanos, más de 400 amputaciones oculares, abusos sexuales y golpizas, y actos criminales que son investigados incluso con sumarios internos en Carabineros. Hay más de 2 mil querellas realizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y más de 9 mil denuncias, demandas y trámites judiciales en contra de Carabineros por distintos delitos e irregularidades en su proceder contra manifestantes y ciudadanos.
Carmen Hertz, abogada de derechos humanos y congresista, dijo que “la estrategia del gobierno de (Sebastián) Piñera y del general director de Carabineros de pretender deslegitimar al órgano fiscalizador por excelencia que es la Contraloría General de la República, está de alguna manera exhibiendo la deriva autoritaria de este gobierno y además, avalando un actuar de Carabineros que es, por supuesto, absolutamente contrario a todos los protocolos y además a la defensa de los derechos fundamentales de las personas”.
Atacar a la Contraloría
En medios de prensa y en reuniones con oficiales y funcionarios de Carabineros, el general Rozas expresó su molestia con la Contraloría General, sumándose a la tesis de los abogados de los siete generales de que el organismo estatal incurrió en una ilegalidad. El mismo criterio lo expresaron pública y privadamente el ministro Pérez y el subsecretario Galli.
La punta de lanza en aquello se traspasó a parlamentarios y dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN), que empezaron desde el fin de semana a defender el actuar de Carabineros durante las manifestaciones del año pasado y a relativizar la violación de los derechos humanos, y dieron inicio a ataques a la Contraloría, a pesar de ser una de las instituciones claves para el funcionamiento transparente y ordenado del Estado.
Es así que este miércoles, la diputada de RN, Camila Flores, y el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, recurrieron a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, para que haga un pronunciamiento en contra del sumario abierto por la Contraloría en contra de los siete generales de la policía uniformada. Para ellos, el actuar del organismo “es inusual”, puede tener “consecuencias” en el actuar futuro de Carabineros y estaría fuera del margen de sus atribuciones. Como suele ocurrir cuando la derecha pretende atacar y deslegitimar a un órgano del Estado, los diputados de RN y la UDI recurrieron a la politización extrema señalando que “es importante para las democracias que las Contralorías Generales no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos”, insinuando que esa sería la motivación de los funcionarios del órgano estatal atacado.
En tanto, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, sostuvo que “el contralor se excedió absolutamente en sus funciones y creemos que, de verdad, acá lo que está haciendo el contralor es debilitar a Carabineros” y siguió una línea comunicacional establecida por Carabineros al indicar que “el contralor se empiece a meter en cómo se llevan adelante los protocolos operativos no corresponde”. “El contralor está usando una argucia, un resquicio, y creo que se está excediendo de todas maneras en sus atribuciones”, indicó la timonel de la UDI.
En este marco, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, volvió a defender a Carabineros y declaró: “Estoy seguro que con los descargados que hagan los generales ante la Contraloría se van a desvirtuar la formulación de los cargos que se les hicieron”.
Los abogados defensores de los siete generales, desecharon que existan irregularidades en las órdenes y actuaciones de la policía uniformada, y calificaron de “ilegal” la actuación de la Contraloría. Argumentaron que los jefes policiales actuaron de manera razonable y preventiva ante actuaciones “fuera de protocolo” y que frente a eso no fueron “pasivos”.
Pero además, los juristas establecieron que el único que puede abordar situaciones de fallas o delitos en el actuar policial ante manifestantes, es el jefe de Carabineros: “Resulta ilegal de la Contraloría General de la República se inmiscuya en esta materias, por corresponder su conocimiento de manera exclusiva y excluyente al general director de Carabineros de Chile”. Enfatizaron que “la Contraloría tampoco puede entrar a pronunciarse sobre el mérito o legalidad de una decisión técnica”, como definen el uso indebido de gases lacrimógenos, agua contaminada, lanzamiento de proyectiles al rostro de manifestantes. Los defensores de Carabineros apuntaron que todo eso son asuntos “que quedan exclusivamente dentro del ámbito de acción y decisión de las Fuerzas de Orden y Seguridad”. Es decir, nadie podría fiscalizar a Carabineros.
Además, los abogados se sumaron a la idea de instalar todo esto como algo político y no institucional, y calificaron el sumario de Contraloría como una “arremetida” y que “ha existido un problema serio de competencia y que podría ser constitutivo de un caso de desviación del poder…”
Hay otra tesis que se tiene en el Ministerio del Interior y que apunta a quitar mérito al mando en una institución. El ministro Víctor Pérez lo ejemplificó así: “Uno podría preguntarse si va a investigar a un director de un hospital porque un médico operó de tal o cual manera a una determinada paciente”. En institucionalidades a nivel mundial, eso ocurre, un director de un centro asistencial se hace responsable de lo que ocurra en la institución que está a su cargo. Por lo demás, en Chile distintos juristas señalan que los mandos policiales deben hacerse responsables del actuar de sus subordinados.
Las aclaraciones de la Contraloría
En toda esta situación, a nivel estatal, la Contraloría y Jorge Bermúdez, a cargo del organismo, quedan y sin respaldo del gobierno y a merced de la actuación y decisión de Carabineros y de parlamentarios de la derecha.
En ese marco, la institución decidió salir a aclarar lo realizado con el sumario a los siete generales. Lo primero, es que se reportó que la Contraloría recibió 457 denuncias sobre el mal actuar de Carabineros, y 11 “denuncias relativas al incumplimiento del protocolo para el mantenimiento del orden público por parte de Carabineros de Chile”, “por lo que se encontraba en el deber legal de actuar frente a talas denuncias”. Se informó que de acuerdo al Artículo 98 de la Constitución, a la Contraloría se le encarga “el control de legalidad de los actos de la administración”. Por ello, cuando se estime, se puede iniciar un sumario administrativo contra algún funcionario del Estado. Se trata de eso, no de inmiscuirse en procedimientos “técnicos” o situaciones de delitos criminales.
“El procedimiento sumarial pretende establecer la eventual responsabilidad administrativa de funcionarios públicos ante la infracción de deberes legales y estatutarios y, de corresponder, termina con la aplicación de sanciones fundadas en un racional y justo proceso”, estableció el comunicado de la Contraloría General.
Específicamente, explicando por qué se abren sumarios a generales, el texto del organismo contralor indicó que “el uso de la fuerza fuera de parámetros permitidos por la ley no solo conlleva responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino también la responsabilidad de los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de subalternos”.
Es así que el sumario seguirá su curso, destinado a establecer su los generales incurrieron en faltas administrativas, mientras el gobierno y legisladores de derecha harán gestiones políticas y comunicacionales para defender a Carabineros y desacreditar a la Contraloría.
