Rodrigo Bustos, del INDH, desnudó delicado panorama en DDHH, entregó datos y antecedentes claves, y advirtió que hay peligro de que se instale la impunidad.

Equipo ES. 07/09/2020. Más de 2 mil 500 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por violaciones a derechos humanos; demoras y lentitud en investigaciones; cientos de jóvenes que siguen en prisión preventiva detenidos durante la revuelta social por daños a la propiedad y prácticamente ningún carabinero en la cárcel por cientos de abusos sexuales y amputación de ojos; a oficial de Carabineros que dejó ciega a Fabiola Campillay lo enviaron a su casa y joven que lanzó bombas molotov condenado a cinco años de prisión; el peligro de que se instale la impunidad respecto a los últimos casos de víctimas de la represión.

Temas que abordó en el programa “Tribuna Semanal” -que producen Revista DeFrente, Le Monde Diplomatique Chile y El Siglo- Rodrigo Bustos, Jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH. La siguiente es la conversación con el periodista Hugo Guzmán, director de El Siglo, en el programa del domingo 6 de septiembre.

Hay gente que tiene dudas, hay incertidumbre, hay personas que abiertamente tienen cuestionamientos y críticas, en cuanto a estos oficiales de Carabineros que son procesados, particularmente por los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, que quedaron ciegos por proyectiles disparados por esos funcionarios policiales. La semana pasada, el capitán Patricio Maturana, responsable del disparo de bombas lacrimógenas contra Fabiola Campillay, pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario. ¿Desde un punto de vista jurídico, qué significa esto?

Lo primero que diría es que los derechos humanos (DDHH) han sido un tema relevante en Chile por mucho tiempo, y en el último año, hemos tenido dos grandes crisis de derechos humanos. La vinculada al estallido social, con una crisis social, y la vinculada a la pandemia, con afectación de muchos derechos. En relación a las violaciones a DDHH ocurridas durante el estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 2 mil 500 querellas. Entre esas están las de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay.

Tú hiciste mención a ese caso y es bueno que quienes nos están escuchando puedan recordar lo que ocurrió con Fabiola Campillay. El 26 de noviembre del año pasado ella estaba yendo a su trabajo para hacer un turno de noche, cuando recibió disparos de bombas lacrimógenas en su rostro, dos disparos, y eso provocó que perdiera totalmente la visión de sus ojos, además de la pérdida de otros sentidos. En la necesidad de verdad y justicia, hace aproximadamente diez días atrás, se formalizó a un imputado de Carabineros de Chile, respecto de este crimen y recién el viernes pasado se supo que iba a quedar en arresto domiciliario, después de estar solo diez días detenido, en una Comisaría, no en una cárcel, por este crimen. Hay que recordar que además de haberla dejado ciega, los funcionarios de Carabineros se dieron cuenta de eso, y ni siquiera la ayudaron, se escaparon en vez de socorrerla. Eso es parte de la gravedad de todo lo que ocurrió.

Esto, Hugo, es parte de un escenario más global, más preocupante en DDHH, hemos presentado esas 2 mil 500 querellas y la verdad es que llevamos casi un año desde el 18 de octubre y se avanza de manera muy lenta, la Justicia se está demorando, está trabajando mal, de manera lenta respecto a las violaciones a DDHH ocurridas durante el estallido social.

A algunos nos llamó la atención, desde el punto de vista judicial -podemos estar equivocados-, de que un joven que lanzó bombas molotov a carabineros, sin provocar heridos, ya fue condenado a cinco años de cárcel. Uno ve un contraste, porque en el caso de las agresiones de Carabineros, estos oficiales que dejaron a dos personas sin visión, están en sus casas, no son condenados. ¿Es normal que unos casos avancen más rápido que otros?

Sin lugar a dudas la ciudadanía puede ver cierto contraste. Hay cientos de personas que están imputadas por algún delito cometido durante la crisis social, muchas veces delitos contra la propiedad y que siguen detenidas, en cárceles, después de muchos meses. En cambio, tenemos solo 27 causas formalizadas de las 2 mil 500 querellas presentadas por el INDH. En la mayoría de los casos no hay ningún funcionario de Carabineros detenido, en el caso de Fabiola Campillay donde un funcionario queda detenido en una Comisaria, no en una cárcel, a los pocos días queda en libertad. La señal es preocupante porque se trata de casos de agentes del Estado a quienes la sociedad les entrega la posibilidad de hacer uso de la fuerza, se supone que de manera legítima. Sin embargo, hemos tenido graves violaciones a los DDHH en una magnitud que no se había dado desde 1990 (al término de la dictadura). Por tanto, el Estado de Chile tiene la obligación de avanzar en verdad, en justicia, en reparaciones, algo muy relevante. Aquí tenemos cientos de víctimas de violencia sexual, tenemos 459 víctimas de lesiones oculares, algo inédito en el mundo, y se tiene que avanzar en reparaciones respecto a todas esas víctimas. Y tenemos que avanzar en garantías de no repetición para que esto no vuelva a ocurrir en Chile. Y todas esas obligaciones del Estado se están cumpliendo de manera extremadamente lenta. El Estado tiene que avanzar mejor y más rápido en el cumplimiento de estas obligaciones internacionales.

¿Dirías que hay peligro de que se instale la impunidad respecto a todos esos casos?

Por cierto que existe esa posibilidad, existe ese peligro. Respecto de la gran mayoría de violaciones graves, masivas y sistemáticas ocurridas durante la dictadura, hay impunidad en Chile. No puede ni corresponde que haya impunidad respecto de esas violaciones a los derechos humanos, ni tampoco de las ocurridas durante el estallido y la crisis social. Sin embargo, tenemos que solo un 1% de los casos tiene algún imputado formalizado. Hay solo un caso con condena. De un disparo directo a una persona en Rancagua. Se avanza lento, hay pericias que no se hacen, la pandemia dificulta todavía más que la PDI (Policía de Investigaciones) haga diligencias de manera oportuna. Por lo tanto, lo que planteas del riesgo de la impunidad ante estas violaciones de derechos humanos, existe, y es bueno poner la alerta para que el Estado adopte las medidas para que eso no ocurra. Porque cuando hay impunidad, las violaciones a los DDHH vuelven a ocurrir.

En ese marco hay críticas a Carabineros, al alto mando, pero en lo que describes objetivamente y en la forma en que se está desarrollando, pareciera que hay responsabilidades de otras instituciones, que podrían estar pasando coladas. El Poder Judicial, sus fiscalías, la PDI.

Hay un problema de fondo con Carabineros de Chile. El INDH lo viene señalando hace años, no solo desde la crisis social. Lo señalamos cuando fueron las movilizaciones estudiantiles el 2011, el movimiento de Aysén 2012, que tuvo varios casos de lesiones oculares, con pérdida de visión de algunas personas. Varios comuneros mapuches con heridas graves en años anteriores. Hay un problema estructural con Carabineros de Chile, se requiere una reforma de fondo, que tenga que ver con su doctrina, con su protocolo, con su normativa, su formación. Eso de que se haya querido poner el nombre del ex general (Rodolfo) Stange a un espacio de formación policial, claramente no es una buena señal en relación a Carabineros. Se requiere una reforma estructural a esta policía.

Pero como estábamos conversando, no es solo Carabineros, esto tiene que ver con el Estado en su conjunto respecto a las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante octubre, noviembre y diciembre de 2019 y los primeros meses de 2020. En estos momentos, el sistema judicial en su conjunto está al debe, está avanzando lentamente, tenemos esta mala señal que ocurrió con dejar en libertad al único formalizado en el caso de Fabiola Campillay. Se requiere un giro para que el sistema de justicia cumpla con sus obligaciones de verdad y justicia.

Hay en estos días una crítica a la actuación dispar, distinta, de Carabineros, según la manifestación que se trate. Reprimieron a enfermeras y enfermeros, y escoltaron a personas de derecha que se manifestaron por el Rechazo nueva Constitución. Más allá de apreciaciones políticas, ¿qué pasa con esto desde el punto de vista jurídico, institucional?

Lo primero que diría es algo un poco más amplio, que tiene que ver con el derecho a la manifestación, que es clave en una sociedad democrática. Los organismos internacionales señalan que es un derecho, una conjunción del derecho de reunión y de la libertad de expresión. Ese derecho está regulado en Chile por un decreto ley de 1983, en plena dictadura, en periodo de protesta contra ese régimen. Tenemos entonces un problema de partida, porque el derecho a manifestación está por un decreto, no por una ley, y eso ha sido desde 1990 hasta hoy, el 2020. Eso queda entonces a la discreción absoluta de la autoridad que no cumple con ningún estándar internacional en materia de DDHH. Sucede lo que señalas, que la autoridad administrativa, el gobierno de turno o Carabineros, puede actuar de manera discrecional o arbitraria, y eso no corresponde, porque el derecho de reunión tiene que ser garantizado a todas las personas, y si se realizan limitantes, restricciones a ese derecho, tiene que ser de manera igualitaria. No puede ser que respecto a algunos se puedan establecer restricciones más fuertes y otros se puedan manifestar como si no estuviéramos en pandemia, por ejemplo. Es algo en lo que hay que poner atención. Insistiría en que hay un problema más amplio que es que seguimos con una regulación de reunión de 1983 y que no responde a ningún estándar internacional.

Considerando todos estos temas y datos que tú presentas, además de otras situaciones como los DDHH de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, esta realidad de derechos humanos, dirías que en materia de DDH estamos en una situación deficitaria, crítica.

Sin duda, estamos en un momento complejo en materia de derechos humanos. Tuvimos una extendida situación de violaciones a los DDHH desde octubre del año pasado hasta enero y febrero de este año, y que nos lleva a un momento complejo. Además, estamos con muchas debilidades en la investigación de esas violaciones. Por otro lado, estamos con una pandemia que representa un desafío en materia de DDHH, hay muchos derechos sociales que están siendo afectados en Chile y en el mundo, estamos hablando del derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, y por tanto el Estado chileno debería poner una especial preocupación. Y tenemos el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, que no es algo solo de este momento, la verdad es que viene desde hace muchos años, y el Estado de Chile debiera abrir un diálogo amplio para abordar ese tema con un enfoque político y de derechos humanos, no meramente judicial y policial. Hay muchos temas abiertos hoy en materia de DDHH, temas complejos, y es de esperar que el Estado en su conjunto, y no solo el gobierno, sino el Poder Legislativo, el Poder Judicial, aborden estos temas, con una mirada no de corto plazo, sino de largo plazo, de cumplimiento de compromisos suscritos con la comunidad internacional en estas materias.

 

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