Ante expansión del coronavirus se exige que se les cambie prisión preventiva por arresto domiciliario. 2.500 personas expuestas, por participar en la protesta social.

Patricia Ryan. Periodista. 31/03/2020. Son alrededor de 2.500. Todos detenidos en las jornadas de movilización social extendidas desde el 18 de octubre de 2019. Están en prisión preventiva, no tienen condenas, en muchísimos casos las acusaciones son falsas o están por confirmar. Y corren peligro de contagiarse del coronavirus porque están en pésimas condiciones carcelarias e inclusive sujetos a restricciones recientes.

Desde la Coordinadora 18 de Octubre se levantó hace unas semanas una campaña en solidaridad con esos 2.500 presos políticos, por el cambio de medidas cautelares para todos los privados de libertad en estos cinco meses de movilizaciones. Lo concreto es que todos ellos pasen de la prisión preventiva al arresto domiciliario.

Abogados y organismos sociales y de derechos humanos plantearon que esos detenidos no constituyen peligro para la sociedad, pueden estar ubicables, es admisible que la prisión preventiva (sin estar condenados) la cumplan en sus casas y eso ayudaría a descongestionar las prisiones del país donde ya se presentaron casos de Covid-19 y ocurrieron manifestaciones y motines porque no hay medidas preventivas para los encarcelados.

Los detenidos por la protesta social denunciaron malas condiciones sanitarias, prácticamente ninguna medida de cuidado en los recintos donde están, no tiene mascarillas ni alcohol gel, les restringen encomiendas y se generó una situación de incertidumbre en los familiares de ellos, sobre todo sus padres y madres.

La Agrupación de Familiares y Amigxs de Presxs Políticxs (OFAPP) sostuvo en una declaración queel Estado de Chile, colocando por sobre todo el resguardo de la vida humana, cambie de forma inmediata la medida cautelar de Prisión Preventiva por Arresto Domiciliario total para todxs lxs Prisionerxs Políticxs de la Revuelta”.

Eso, cuando se “hace inminente el contagio de la población penal del país, siendo más grave aún considerando las deplorables condiciones de higiene de los recintos penitenciarios y el hacinamiento”.

La Agrupación externó en su declaración: “Exigimos a los poderes del Estado (ejecutivo, judicial y legislativo) contribuir de forma eficaz y oportuna para que lxs Prisionerxs Políticxs cumplan el periodo de investigación de sus procesos judiciales en sus hogares, lo cual también contribuye en la disminución de los niveles de hacinamiento de los recintos penitenciarios”.

Asimismo, la Coordinadora 18 de Octubre hizo pública una declaración donde se expresó la exigencia de “la sustitución inmediata de las prisiones preventivas por el arresto domiciliario y que se consideren medidas sustitutivas para lxs presxs que se encuentran condenadxs, tanto para lxs presxs subversivxs y lxs presxs políticxs mapuche como también para toda la población penal”.

Se dijo que la “restricción de las visitas y encomiendas son solo algunas de las nuevas medidas que se han aplicado a lxs compañerxs presxs de la revuelta y a todxs lxs presxs. Esta coyuntura y sus consecuencias refuerzan nuestra profunda crítica al sistema carcelario, entendiendo que la función de esta institución es castigar tanto la pobreza como a quienes se rebelan contra el sistema de dominación que nos oprime, donde la vida y la salud de lxs presxs no tiene ningún valor para el Estado y sus carceleros”.

La Coordinadora 18 de Octubre hizo ver que “distintas han sido las expresiones de resistencia de lxs presxs alrededor del mundo contra estas nuevas medidas de control. Motines, huelgas, barrotasos y muchas otras protestas han sacudido las cárceles demostrando que las movilizaciones de lxs presxs están vivas y se pueden agudizar. Como Coordinadora 18 de Octubre saludamos cada una de estas iniciativas esperando que se multipliquen”.

Solidaridad extendida

Muchas organizaciones, personas, colectivos, están participando en la campaña para exigir que los 2.500 presos por el estallido social salgan de las prisiones.

Se supo de un colectivo  de madrinas y padrinos de presos políticos chilenos que en Francia inició una campaña de recolección de firmas para una carta abierta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, al ministro Hernán Larraín, al ministro Jaime Mañalich, al fiscal nacional Jorge Abbott y al presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva, para exigir la atención de la situación de los detenidos, en grave peligro de contagio por el coronavirus.

Se sumó ese colectivo francés a la demanda de que los presos pasen de prisión preventiva a arresto domiciliario. Llevaban casi 5 mil firmas a fines de marzo.

También se desplegaron tras esta exigencia la Asamblea Feminista Plurinacional de Chile; Asamblea de Chilenos Movilizados en Ciudad de México; Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES); Comunidad Chilena en Sheffield en Reino Unido; Federación de Estudiantes de Chile (FECH); Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Sanidad (MATS; Radio Comunitaria Villa Olímpica; Revista DeFrente.

Parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio, colectividades políticas y de la sociedad civil también exigieron al gobierno, y específicamente al Ministerio de Justicia y Fiscalía Nacional, que los detenidos por la movilización social cumplan la prisión preventiva en sus domicilios.

En medio de esta situación, se conoció una declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en que se reafirmó “la necesidad de seguir exigiendo el respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, especialmente de aquellas encarceladas en el marco del estallido social, en el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social”.

“El alto número de encarcelados por manifestarse en las calles en contra del actual injusto modelo de sociedad, contrasta con la situación de los violadores de los Derechos Humanos, en el mismo período. Según las cifras del Ministerio Público, de las más de 4.500 causas iniciadas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado, solo en 38 de ellas hay formalizados”, se indicó desde la CCHDH.