La reforma previsional no es para todos

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Necesario resulta concluir que, a pesar de la proclamada universalidad, dichos beneficios se aplicarán respectivamente a solo una parte de los adscritos a las AFP.

Pedro Aravena

Abogado

06/02/2020. Conocidos los avances del proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno y que fuese aprobado, en primer trámite constitucional, en la cámara de diputados, para lo cual se contó con el apoyo del partido Demócrata Cristiano, mejorando presuntamente el texto original del ejecutivo, cabe hacer una evaluación de efectivo impacto de sus principales contenidos en lo concerniente al derecho a la seguridad social de la población, tanto activa como pasiva.
No obstante, las buenas intenciones que pudieran haber motivado ese entendimiento entre Chile Vamos y el PDC, aquella concordancia en materias previsionales está congénitamente afectada por el núcleo de inequidad social que nos rige en el ámbito económico y político y que se encuentra consagrado por la Constitución heredada de la dictadura.
Si nos atenemos a la letra de ese acuerdo, en lo esencial, podemos señalar que se ha creado un nuevo “Programa de Ahorro Colectivo Solidario”, PACS, consistente en un fondo común que, administrado por una entidad pública, será financiado con el 3% de la cotización adicional de cargo de los empleadores, el cual estará destinado a otorgar un incremento de las pensiones actuales, ascendente a UF 2 ($ 56.000), para los hombres que registren 12 años de cotizaciones, a lo menos, y de UF 2,7 ( 76.000), para las mujeres con 8 años como cotizantes. Lo anterior se aplicará durante los doce primeros meses a partir de la promulgación de la ley, requisito que irá aumentando gradualmente en seis meses por cada año calendario, hasta alcanzar los niveles definitivos para aquellos que en el futuro obtengan pensiones por vejez o invalidez, incrementando, en definitiva, el requisito de tiempo de cotizaciones en 10 años para las mujeres y 15 años, a los hombres.

Indudablemente, la creación de un fondo de naturaleza solidaria, destinado a otorgar beneficios determinados sin la sobre focalización de las políticas sociales del modelo, dado que aparentemente poseería características universales, aparece como un logro, si hacemos la comparación con la realidad anterior al 18 de octubre de 2019.
A pesar de ello, ese proyecto deja afuera a gran parte de la población que debiera estar protegida por un sistema de seguridad social, de partida a los que no están cotizando hace ya un largo tiempo, pues según la ficha estadística de noviembre de 2019 de la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador del sistema, el número total de afiliados al sistema de AFP es de 10.961.735 y ese mes solo cotizaron 5.542.082, es decir, un poco menos de 50% de quienes están adscritos a las AFP, no cotizaron regularmente en noviembre del año pasado.
Aunque las cifras anteriores no necesariamente implican que ese altísimo porcentaje de imponentes va a quedar fuera de los beneficios señalados, hace presumir fundadamente que hay un universo muy amplio de cotizantes en condición irregular y que todo intento de establecer un régimen de pensiones mínimamente equitativo requiere resolver problemas estructurales del sistema.

Uno de los principales factores que inciden en ese cuadro es la baja densidad de cotizaciones, es decir, muchas personas registran pocos períodos como cotizantes activos, mes a mes. Un 27 por ciento ha cotizado menos de cinco años y un 41% de los inscritos en una AFP tiene menos de 15 años de imposiciones, irregularidad distribuida discriminatoriamente en hombres y mujeres, ya que ellas tienen densidad previsional mucho más baja.

Un factor que incide en la existencia de un alto porcentaje de la fuerza laboral con bajas cotizaciones es la informalidad laboral, una constante en la economía actual, ya que, conforme a estadística del INE, en el presente, la informalidad laboral asciende a 2.601.000 trabajadores, o sea un 30,4% de los ocupados. En consecuencia, casi un tercio de quienes trabajan, simplemente no están cotizando y no precisamente por una opción de conveniencia personal, sino por situaciones económicas objetivas, por la no creación de suficientes fuentes de empleo de calidad.

En una cita textual de un informe de Manuel Riesco de Cenda, del 8 de agosto de 2019, bien describe la situación anterior: “Son contratados y despedidos constantemente de seis millones de empleos asalariados precarios. Entretanto trabajan a honorarios, por su cuenta o permanecen cesantes. A la vuelta de pocos años casi todos los once millones de activos han cotizado como asalariados. Dichos empleos asalariados crecen a una tasa aún más rápida que el número de trabajadores activos. Aunque oscilan constantemente, siguiendo los avatares del ciclo económico en un ajuste perfecto. En el último cuarto de siglo han más que duplicado su número, subiendo de menos de tres a seis millones, elevando su participación de 30 a 42 por ciento de la población mayor de 16 años.”
Recalcamos esto último, porque una parte de quienes laboran con contrato de trabajo, conforme a las normas laborales ha sido víctima de la evasión previsional, deuda social que llega a US$3 mil millones y afecta al 4% del total de los cotizantes, alcanzando a un 1,9% del total de fondos de pensiones e implica y comprende a más 251 mil empleadores morosos, según un informe de la Asociación de AFP de diciembre de 2016.

Añadamos a esta compleja y angustiante situación para tantas y tantos, las políticas de empleo que desarrolla el Estado, sintetizada en una declaración del 16 de mayo de 2019, del Sindicato de trabajadores y trabajadoras a honorarios del INE, SINE, que textualmente señala en uno de sus párrafos: “invitamos a todas las autoridades del Estado, tanto del poder ejecutivo como del legislativo, a hacerse cargo de la gravísima situación que más de 300 mil funcionarios en distintas instituciones, como municipios, universidades, servicios del gobierno central, entre otros, que trabajan en condiciones de precariedad bajo la figura del “honorario” (sin contrato de trabajo ni garantías laborales”.

Pero el daño previsional es un problema de larga data de parte del Estado como empleador y hay uno particularmente dramático por haber lesionado derechos fundamentales de miles de trabajadores que estuvieron sometidos a un sistema de semi esclavitud que la dictadura ocultaba bajo las siglas del PEM y del POJH. De acuerdo al texto “Los Trabajadores del Programa del Empleo Mínimo” de Jaime Ruiz-Tagle y Roberto Urmeneta, el PEM llegó a contratar a 391.564 personas en junio del año 1983 y el POJH en octubre de ese mismo año alcanzó a 225.264 trabajadores, empleados precariamente y desprovistos de seguridad social, lo que alcanza a un porcentaje superior al 10% del total de la fuerza de trabajo y muchos de ellos se han pensionado recientemente o están pronto a hacerlo por vejez, a lo menos, presentando lagunas previsionales debido a los períodos servidos en aquellos planes.

Necesario resulta concluir que, a pesar de la proclamada universalidad, dichos beneficios se aplicarán respectivamente a solo una parte de los adscritos a las AFP, pero, un porcentaje muy alto de ellos quedará excluido, lo que lleva a plantearnos la necesidad de ampliar ese universo, adoptando diversas medidas para ello. A lo menos, disminuyendo el requisito de tiempo de cotizaciones a solo cinco años, cubriendo las lagunas previsionales de quienes han sido perjudicados por la morosidad de sus empleadores, con cargo a la AFP, ya que es de su responsabilidad el cobro y recaudación de las cotizaciones y que el Estado reconozca su obligación de enterar las cotizaciones de los ex trabajadores del Pem y del Pojh y de los trabajadores a honorarios del sector público, sin perjuicio de otras acciones que permitan ampliar el número de beneficiarios.

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