Se mantienen causas para la protesta

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“Estructuralmente seguimos con lo mismo”, afirmó Claudia Pascual. 61,5% de los ciudadanos estimó que “agenda social” del gobierno no será suficiente.

Equipo ES. 01/2020. En redes sociales y la prensa, se relevó que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, viajó al extranjero en “clase turista” de un vuelo comercial. También se destacó que las pensiones, aunque escalonadas y por edad, subirán, que mejorarán planes de las Isapres para las mujeres, que se atenderá el asunto del salario mínimo, que habrá sanciones más severas para delitos “de cuello y corbata” y se informó de un bono a familias pobres. Esa “agenda social” se puso como un eje del discurso oficial.

Desde el gobierno y sectores del oficialismo se dijo que eran “señales” y “medidas” como respuesta a las demandas y el enojo social expresado en las gigantescas movilizaciones ciudadanas y populares a partir del 14 de octubre pasado, frente a la realidad de abusos, desigualdad y mala calidad de vida de chilenas y chilenos.

Pero en paralelo se mostraron las “letras chicas” de varias medidas y, sobre todo, la mantención de condiciones que caracterizan a la sociedad chilena hace décadas, expresado en la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”.

En la calle, cabildos, asambleas, foros y protestas, se siguió escuchando que las AFP, las Isapres, las Cajas de Compensación, las Inmobiliarias, los bancos y grandes consorcios, siguen abusando y obteniendo millonarias utilidades a costa de los ciudadanos y que no se ven medidas que aumenten sustancialmente los ingresos de las familias. Nadie parece percibir que las mencionadas “causas de fondo” que originaron la movilización de millones de personas, se estén asumiendo.

En declaraciones a El Siglo, la dirigenta del Partido Comunista (PC), Claudia Pascual, dijo que “estructuralmente no se ha tocado el modelo, estructuralmente seguimos con lo mismo. Hay medidas paliativas a partir de lo que las movilizaciones pusieron en la agenda pública, sin embargo, no están en la profundidad ni en la dirección correcta de lo que la gente está pidiendo y que requiere para mejorar sus condiciones de vida”. Recalcó que “se mantienen las condiciones estructurales que motivaron que la gente se movilizara”.

Añadió que “el gobierno, y el presidente en particular, están absolutamente al debe y muy por debajo de las expectativas del pueblo movilizado y de lo que el país espera”.

Claudia Pascual ejemplificó. “Subir las pensiones a los mayores de 80 años en un 50%, vale decir, que se pasa de 110 mil pesos a 165 mil pesos, hay que preguntarles a las chilenas y chilenos si con eso se llega a fin de mes. No solo se fracciona y se pone por etapas el subir por porcentaje la jubilación a los adultos mayores, sino además ese aumento es muy por debajo de la línea de la pobreza”.

Prosiguió: “En relación al salario, se generó una discusión en paralelo a lo que pidió la Mesa de Unidad Social de que el sueldo mínimo suba a 500 mil pesos y no un ‘ingreso mínimo garantizado’ de unos 300 mil pesos líquido como dijo el gobierno y las y los jefes de hogar saben que eso no alcanza para llegar a fin de mes”. Indicó, asimismo, que “la medida de las Isapres, de terminar con una discriminación de las mujeres en edad de ciclo reproductivo, pasa por la vía de aumentarle la prima a los hombres, cuando las utilidades de las Isapres son descomunales, y eso no es lo que la ciudadanía esperaba. Esperábamos que se bajara la prima de las mujeres, sin tocar la prima de los hombres”.

Ir al fondo

Conocida la “agenda social” del gobierno, la Encuesta Pulso Ciudadano reveló que un 61,5% de los ciudadanos cree que no será suficiente para garantizar mayor equidad en la sociedad chilena y hubo señalamientos como el del senador democratacristiano, Francisco Huenchumilla, de que “no basta con bonos, tenemos que ir al fondo de la discusión” de las condiciones del país.

El presidente del Senado, Jaime Quintana, parafraseando aquello de necesitar una retroexcavadora para avanzar en transformaciones, dicho en los tiempos del gobierno de Michelle Bachelet, afirmó que “Chile no necesita una retroexcavadora, al menos necesita tres: una para cambiar la Constitución, una para un nuevo sistema tributario y otra para terminar con las AFP”.

El legislador fue autor de un trabajo junto a especialistas donde se sostuvo que “las chilenas y chilenos están señalando con claridad (a propósito del estallido social) que el modelo neoliberal se ha agotado, que es tiempo de un verdadero contrato social, generado en democracia, y que se requieren transformaciones estructurales que con audacia y responsabilidad, se hagan cargo de las demandas sociales”.

Prevalecen condiciones

El tema es que a tres meses de producida la enorme manifestación social y ciudadana en las 16 regiones del país, no solo prevalecen las bases de funcionamiento del país, sino que ni la “agenda social”, ni los proyectos en el Parlamento, ni en las medidas del gobierno y de los grandes grupos económicos-financieros se ven modificaciones que pudieran apuntar a las “causas de fondo”.

Se volvió costumbre en estas semanas hablar de “paliativos”, “iniciativas insuficientes” y “medidas acotadas”, aunque algunos sectores valoraron que haya mejoras para segmentos de la población, sobre todo los más pobres.

En un artículo escrito para El Mercurio, el historiador y ex ministro, Francisco Vidal, reseñó algunos de los puntos que persisten en el escenario chileno. “El 50% de las familias chilenas vive con menos de $560.000 pesos al mes”, recordó, y añadió que “según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en su encuesta de presupuestos familiares sobre ingresos y gastos, el 80% de las familias chilenas no alcanza a terminar el mes”. Eso no apunta a cambiar ni al mediano plazo.

Respecto a la desigualdad, un tema sensible para la población, Vidal volvió a mencionar antecedentes como que “el 90% (del) beneficio tributario lo captura el 10% de los contribuyentes de mayores ingresos; aún más, el 0.1% más rico -12.000 contribuyentes- captan un quinto del beneficio tributario…” Reseñó que “una prestigiosa consultora internacional, BCG, describiendo el mapa de la riqueza en Chile, concluyó que 140 chilenos poseen un patrimonio de US$90.000 millones”.

Francisco Vidal trajo a colación que “en el primer semestre de este año, el sistema financiero obtuvo utilidades por US$2.000 millones, un 22% más que en el mismo período del año anterior”. En ese contexto se supo que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tuvieron ganancias por más de 500 millones de dólares, cifra dada a conocer mientras estaba en desarrollo el estallido social. El historiador dio el dato de que la rentabilidad promedio anual de las AFP alcanzó un 25%, con US$3.500 millones de “ganancia excesiva”. Todo eso, cuando el promedio de las pensiones por jubilado es de 200 mil pesos y las AFP han mantenido silencio respecto a cambiar sus condiciones producto de las demandas ciudadanas.

El ex ministro mostró otro dato relativo a los desequilibrios. Un vecino de Las Condes tiene acceso a 720 servicios distintos, el de Maipú a 621 y el de Providencia a 449. En cambio, “si usted es vecino de San Ramón tiene solo 42 servicios, si usted es vecino en La Granja, solo 41; si vive en La Pintana, solo 31…”

Al final, Vidal concluyó: “Son las desigualdades y los abusos, estúpidos”.

En estas semanas, según explicaron algunas fuentes consultadas, existirían datos sobre utilidades del sector bancario y financiero y de grandes empresas que se habría preferido ocultar, para no provocar molestia o enojo a nivel ciudadano, en medio de una de las peores crisis de los tiempos contemporáneos del país, con niveles de crecimiento que rondarían el 1% y un desempleo que, según análisis del Banco Central, podría llegar al 10%, el peor nivel en varias décadas.

Se espera que en el primer trimestre del próximo año se compruebe el aumento en el capital de las diez fortunas más grandes del país (lista en la que está Sebastián Piñera) que suman 35 mil 600 millones de dólares, muchas veces más que los 5 mil millones de dólares que dispuso el gobierno para encarar algunas dificultades sociales. Consorcios como Enel, Copec, Banco de Chile, Banco Santander y Cencosud sumaron en 2018 utilidades por 4 mil 500 millones de dólares y los grupos económicos, entre ellos AFP e Isapres, obtuvieron ganancias en total del orden del 9%, sumando más de 21 mil millones de dólares. En el balance de 2019 eso debe tender a subir.

Con esos datos, la gente mira con reticencia cuando autoridades y empresarios dicen que “no hay dinero” o que “hay que actuar con responsabilidad”.

Todo eso mientras el gobierno desechó un salario mínimo de 500 mil pesos (como planteó la Mesa de Unidad Social), y creó el “ingreso mínimo garantizado” de alrededor de 300 mil pesos mensuales, y se registran datos como un aumento del 62% de personas que se declararon en quiebra por insolvencia económica. Tampoco hay variación en el antecedente de que el 50% de los asalariados ganan alrededor de 450 mil pesos al mes, con un déficit habitacional para 2.2 millones de personas y que Chile es de los países que tiene los medicamentos más caros en distintos rangos.

Siendo motivo de masivas manifestaciones, no ocurre realmente nada con la eliminación del CAE (Crédito con Garantía Estatal) que afecta el presupuesto de cientos de miles de trabajadores y, salvo dar una amnistía a quienes tenían deudas, el TAG sigue siendo una pesadilla para los ciudadanos, sobre todo los que laboran en transporte.

Entre medio de todo, siguen los casos de irregularidades, ligados a la figura presidencial y su familia. Es así que la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión que investigará una transferencia que realizó el 2015 la empresa Bancard Inversiones Limitada por 96 millones de dólares a la empresa relacionada Bancard Investment con sede en las Islas Vírgenes Británicas, territorio incluido en la lista de países considerados paraísos fiscales. Esa empresa está estrechamente vinculada a los Piñera y el mandatario podría ser citado a declarar.

Si algo se resaltó durante las movilizaciones fue la molestia de la gente por las operaciones financieras ilegales e irregulares de los grandes empresarios, la mayoría de los cuales jamás fue sentenciado a penas de cárcel o suspensión de sus actividades. En los medios de prensa se han presentado testimonios de gente que alega porque delincuentes “de cuello y corbata” como los directivos de Penta o Soquimich no solo salieron sin sanciones severas, sino que siguen operando en el sistema financiero, haciendo negocios, incluso con el Estado.

Las demandas latentes

El actor Alejandro Goic, en entrevista con The Clinic, declaró que en estos meses “el mensaje es claro para P iñera: la ciudadanía no quiere más migajas del ‘chorreo’. En esta agenda social…todas las medidas benefician directa o indirectamente a los empresarios…siguen pagando los trabajadores a través de impuestos y alivianando los bolsillos de los empresarios. No hay nada que venga de las utilidades vergonzosas y gigantescas de los empresarios. Piñera está tratando de resolver esto en base a astucia y pillería: no va al fondo del asunto”.

El diputado comunista, Daniel Núñez, escribió que “este movimiento supera con creces a una reivindicación específica, aun cuando existen demandas emblemáticas como el fin del sistema de AFP’s y mejores pensiones, el alza del salario mínimo, mejoras en la salud pública y otras. En definitiva lo que se demanda es el fin de los abusos que soportan las grandes mayorías nacionales por la agobiante mercantilización de la sociedad y el fin de los privilegios que gozan las élites”.

Se agrega una inmensa indignación por la masiva y sistemática violación a los derechos humanos y la exigencia de que se avance en justicia respecto a una veintena de muertes, unos 3 mil heridos y alrededor de 300 lesionados oculares. Es un tema cada vez más presente en las protestas.

El cuadro que generó el estallido social parece no estar modificado en lo sustancial. Tanto, que desde distintos ámbitos de la sociedad se habla de que después de las vacaciones de verano, marzo podría convertirse en un tiempo y espacio de reactivación de la protesta y la movilización, con lo que será la manifestación del 8 de marzo, el regreso a clases de estudiantes secundarios y universitarios, el primer balance a nivel objetivo y de sensaciones de la “agenda social” y se estará en plena campaña por el plebiscito de SÍ o NO a la nueva Constitución. “Se viene marzo” se afirma entre dirigentes sociales y sindicales y el tema salió en análisis de la coyuntura. En el vespertino La Segunda se dedicaron dos páginas al asunto, y analistas de universidades y centros de estudio expresaron que “marzo será una prueba de fuego”, “puede que resurjan las protestas que mezclan desesperación económica con demandas de justicia y dignidad”, y que “marzo y abril serán meses de alta movilización previo al plebiscito”.

Las causas para la protesta persisten.

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