Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dijo que hay que determinar responsabilidad de autores, cómplices y encubridores de esas vulenraciones».

Hugo Guzmán. Periodista. 30/12/2019.  ¿Cómo sintetizaría la situación de derechos humanos en esta coyuntura en nuestro país?

Voy a partir señalando lo que no es, en la situación de derechos humanos (DDHH). Han pretendido señalar que la violación de los DDHH terminó y que es una situación del pasado. La verdad es que para nuestra Comisión no es así, por la sencilla razón de que seguimos recibiendo denuncias y peticiones de asesoría jurídica respecto de situaciones que están ocurriendo en estas semanas. Aparece menos visibilizada la violación de DDHH que ocurre actualmente, pero siguen ocurriendo en contra de chilenas y chilenos. En los cuatro informes de organismos internacionales que se conocieron, quedó meridianamente claro que en Chile el Estado, a través del gobierno y de las fuerzas policiales que están bajo su control, violaron de forma grave, masiva y sistemática los derechos humanos a partir del 18 de octubre en que millones de personas salieron a exigir un modelo de sociedad distinto, fundado en valores como la solidaridad y en una nueva Constitución con un Estado que garantice derechos sociales fundamentales. Los informes y datos son importantes, porque desde un inicio los voceros de gobierno dijeron que todo eran meros excesos, excepciones, algunos abusos que debían ser investigados, pero no se correspondía eso con una violación de carácter masivo y menos sistemática. Los cuatro informes (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Oficina de la Alta Comisionada para DDHH de Naciones Unidas) van en sentido contrario a esa afirmación, ratifican lo que los organismos nacionales de DDHH sostuvimos desde un primer momento, de que había una política de violación masiva, grave y sistemática.

En los informes nacionales e internacionales se habla de torturas, desnudamientos, violencia sexual, amenaza de hacer desaparecer, golpizas, lanzamiento a la cabeza de balines y bombas lacrimógenas, agresiones a madres y vecinos. ¿Qué hace que a estas alturas del siglo XXI continúen estas prácticas, sobre todo de Carabineros. Hay algo doctrinario detrás de eso?

La situación de DDHH a partir del 18 de octubre nos recordó mucho la dictadura, nos trajo a la memoria la historia reciente con estados de excepción, militares en las calles, torturas, violaciones, heridos, miles de detenidos. Se constató la represión pero también nos recordó por qué se había producido la represión. El golpe militar tuvo como propósito poner freno a un proceso de transformación social que encabezó el gobierno legítimo de Salvador Allende. Quienes vieron afectados sus intereses de poder económico, reaccionaron con la fuerza bruta. A partir de octubre, cuando millones de ciudadanos salen a las calles, justamente para exigir derechos fundamentales y se ponga término a una grosera desigualdad y el abuso institucionalizado, nuevamente los defensores del status quo utilizan la fuerza bruta, militar y policial para reprimir y poner freno a esa exigencia mayoritaria que se expresa en la calle.

¿Estamos hablando de que el modelo económico y político requiere de esa fuerza policial y militar?

Para sostenerse, para seguir manteniendo sus privilegios, para seguir manteniendo la grosera desigualdad y que no se respeten DDHH como la salud, la educación y la vivienda, el modelo y sus defensores recurren a la fuerza.

Dada la magnitud y cantidad de violaciones acreditadas, ¿es posible sostener que no hay responsabilidades políticas y de gobierno?

Eso es lo que tratan de imponer quienes tienen la mayor responsabilidad en los hechos ocurridos. Nuestra institución entabló querellas por delitos graves como torturas, mutilaciones, pérdida parcial o total de la visión, para perseguir la responsabilidad de la principal autoridad del país, el Presidente de la República. También de su Ministro del Interior y el General Director de Carabineros. Tal como lo sostiene la normativa nacional e internacional, es aplicable a esos casos. Esperamos que las responsabilidades que establece la ley -que esperamos sean asumidas no solo por los autores materiales sino también por las autoridades civiles y los jefes policiales y militares- sea establecida en cada proceso abierto por las querellas que hemos presentado para obtener verdad, justicia y reparación respecto de las víctimas. Si eso no ocurre, sobre todo por parte de los Tribunales de Justicia, vamos a recurrir al sistema internacional de protección de DDHH. Hay que determinar la responsabilidad de autores, cómplices y encubridores de las violaciones a los DDHH.

¿Hay peligro de que esto termine en una completa impunidad?

Por supuesto, existe el peligro latente de que estas violaciones a los DDHH queden en la impunidad. No es una mera suspicacia. Dice relación con hechos objetivos, como que hay un incumplimiento de parte del Estado de las recomendaciones que, en su momento, se hicieron en el Informe Rettig. No hay formación en el sistema educativo sobre DDHH, no hay debida formación en DDHH para las Fuerzas Armadas y Carabineros, siguen con lógicas de la doctrina de Seguridad Nacional que tanto daño hicieron en su aplicación durante la Guerra Fría y las dictaduras. No hay la debida formación en materia de DDHH para las nuevas generaciones de jueces que permitan que los Tribunales sean garantes efectivos de los derechos humanos. El Estado chileno está al debe y, por lo tanto, estamos muy cerca de repetir el mismo proceso de impunidad en cuanto a los crímenes de la dictadura.

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