El proyecto político fascista de Bolsonaro y Moro intentaba, como puede notarse, avanzar su persecución también a los partidos políticos de lo que se puede llamar de derecha “republicana” o “moderada”

Hélio Rocha

Columnista Brasil 247

09/12/2019. Esta semana estuvo marcada por la votación de un importante proyecto de ley en Brasil, y su resultado da esperanza a todos los brasileños, porque el Senado ha refutado el llamado “paquete anticrímenes” del ministro Sérgio Moro, el juez hoy retirado que, en 2018, condenó al expresidente Lula a 12 años de prisión y, como premio, recibió un cargo de ministro del presidente que ayudó a elegir, Jair Bolsonaro.

Eldenominado “paquete”, por reunir docenas de propuestas de cambios en las leyes de investigación y castigo por parte de las policías Militar y Federal y por la Justicia, relajaba casi todas las garantías constitucionales de presunción de inocencia, dejando a los agentes de Estado la decisiónde disparar para matar o no, de detener o no, de allanar casas o no, igualmente de llevar objetos y documentos o no.

Es decir, lo que Lava Jato, la parte de la Policía Federal manejada desde el estado de Paraná por Moro, que ya se convertía en un tipo de policía política (como ya hemos dicho aquí), hacía contra los investigados,e incluso contra Lula hasta encarcelarlo injustamente, Moro lo intentaba desplegar en todo el país.

Y, no seamos ingenuos, el rechazo ocurrió, sobretodo, porque los senadores temían que, en sus estados, formas de investigación poco respetuosas de la Constitución llegasen a perjudicarlos, ya quetarde o temprano se transformarían en una forma de manejo institucional para la persecución política en todos los estados, no solamente contra el PT o Lula, como hasta ahora.

El proyecto político fascista de Bolsonaro y Moro intentaba, como puede notarse, avanzar su persecución también a los partidos políticos de lo que se puede llamar de derecha “republicana” o “moderada”. La extrema derecha no tiene limitaciones por la legalidad, por lo tanto, si hay alternativas políticas, las tiene que perseguir. Fue lo que tuvieron en cuenta,a tiempo, los senadores, muchos de los cualeshabían aprobado la persecución a Lula y el impedimento ilegal contra la expresidenta Dilma Rousseff.

Si están protegidos los políticos y los empresarios de todo el país, no pasa lo mismo con la población, y nunca ha pasado. Los abusos de la ley, los encarcelamientos arbitrarios, e incluso la pena de muerte que existe en las sombras ha dejado muertos.Esta semana, 18 jóvenes que celebraban en una fiesta de funk (ritmo negro muy popular en las periferias brasileñas) fueron victimas de una acción violenta de la Policía Militar en la favela de Paraisópolis, São Paulo. Otros muchos quedaron heridos y, además, una mujer perdió la visión por el tiro de una bala de goma. Hasta ahora, no hay indicios de que se vaya a castigar a los responsables, y la policía mantiene el secreto acerca de la identidad de los uniformados que hicieron la desastrosa operación.

Ante los pobres, por los tanto, jamás hubo preocupación respecto a la legalidad en los actos cometidos por los agentes de seguridad, como muestran también los eventos pasados de las masacres de Carandiru, cuando docenas de reos fueran muertos por agentes carcelarios en 1992, o de la Candelária, cuando otra docena de niños abandonados en la calle, que dormían bajo el porche de la Catedral Metropolitana de Rio de Janeiro, fueran asesinados en una noche de 1993.

Aún si, hay que celebrar la derrota del proyecto fascista de Moro, aunque solo garantice la protección del Estado a los que menos la necesitan

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