Desde luego que todas las promesas del gobierno de crecimiento económico y que vendrían tiempos mejores y Chile sería un país “en marcha” quedaron en el olvido.

Hugo Fazio

Economista

13/11/2019. Al finalizar septiembre, de acuerdo a las cifras del Indicador de Actividad Económica (Imacec) del Banco Central, la economía en los primeros nueve meses del año creció 2,3%. En septiembre el incremento con relación al mismo mes del año anterior fue de 3%, teniendo un día hábil más y el nivel alcanzado se produjo por los sectores de servicios y de la construcción. Ese cuadro se modificó bruscamente en octubre con el gigantesco estallido social, que ha incluido paralizaciones de actividades en numerosos sectores. Todo ello agravado por el mal manejo gubernamental de la crisis y el no reconocimiento de las instancias que se ha dado el movimiento social. Además, la evolución del producto se da en el contexto del proceso de “desaceleración sincrónica” existente a nivel global.

El primer Informe de Finanzas Públicas (IFP), entregado por el nuevo  ministro de Hacienda, Ignacio Briones, debió corregir a la baja las estimaciones oficiales de crecimiento proporcionadas con anterioridad. Ya días antes de darlo a conocer había hablado de que el crecimiento de octubre había sido cero o negativo. En el IFP lo cifró entre 0 y -0,5%. El nivel para el año lo redujo de 1,8% a 2,2%, con un promedio de 2,0%, el cual para alcanzarse implica que el producto del cuarto trimestre debería crecer en 1,1%. La reducción de la estimación de la demanda interna en 2020 fue aún más aguda, bajó de 3,6% a 2,3% y en 2019 de 2,8% a 2,1%. El gasto público el próximo año subirá de 3% a 3,8% con relación a la Ley de Presupuestos 2019. “Hoy traje números realistas -manifestó Ignacio Briones a la comisión mixta de Presupuestos del Congreso- no podemos desconocer la realidad que tenemos al frente” (06/11/19). Anunciando el uso de recursos de los fondos soberanos tanto en 2019 como en 2020, alternativa hasta ese momento reiteradamente descartada.

Igualmente redujo la estimación de 2020 a 2,5%, lo cual como acontece siempre en la economía chilena estará en definitiva muy influida por la evolución de la economía mundial. “La situación -constató Briones -será completamente distinta, producto de los eventos que todos hemos conocido y que han generado que muchas actividades estén funcionando a media máquina (…). Esto –concluyo- va a marcar evidentemente una disminución de la actividad económica” (05/11/19). Por su parte, el Comité de Expertos del PIB tendencial, que cita el ministerio de Hacienda, disminuyó de 3% a 2,8% el incremento de largo plazo de la economía.

En los niveles del producto inciden necesariamente las  expectativas de la población, al repercutir sobre el consumo y la inversión. En el Informe de Estabilidad Financiero, entregado por el Banco Central, en el cuadro de crisis existente en el país, su presidente Mario Marcel, tuvo presente el “costo que tiene la incertidumbre. La incertidumbre -recalcó- afecta las decisiones de los consumidores y de las empresas, los dos componentes principales de la demanda interna: el consumo y la inversión”. Hay un tercer componente de la demanda interna, sobre el cual tiene incidencia directa el Estado, el gasto público. Por tanto es un instrumento a utilizar, particularmente si se busca como sería necesario impulsar políticas anticiclicas.

El documento entregado registró diferentes indicadores demostrativos del aumento producido en los niveles de riesgo, el aumento del CDS que mide directamente el riesgo país, la fuerte variación experimentada por el tipo de cambio –variable que es siempre necesario recordar  se tiene absolutamente entregado al mercado- y los indicadores bursátiles. “(…) la dirección y magnitud de los movimientos de estas variables financieras –señaló el informe- reflejan que se ha producido un aumento de la percepción de incertidumbre para la economía  chilena” (05/11/19).

El 5 de noviembre por algunos instantes la paridad cambiaria superó los $750 por dólar, la más elevada desde el año 2003.  En el contexto de elevación de los niveles de riesgo uno de los refugios en el país más usado es la divisa estadounidense. En el sentido contrario se mueve el mercado bursátil. Desde el 18 de octubre al 6 de noviembre, el IPSA se desplomó medido en dólares un 14,89%, siendo la plaza de mayor caída a nivel mundial. De las treinta acciones que se transan, ocho disminuyeron más de 20% encabezados por Ripley, del grupo Calderón, con un descenso de 28,1%. Solo dos no experimentaron reducciones: Enel Américas, con inversiones en otros mercados de la región, y SQM B. Al mismo tiempo, los bancos comerciales recurrían al Banco Central por liquidez. Entre el 21 y 25 de octubre demandaron US$3.099 millones mediante la Facilidad Permanente de Liquidez, que pueden solicitarla cancelando la TPM (tasa de política monetaria) + 25 puntos.  Esos fueron los días en los cuales recurrieron por un mayor monto. La suma girada corresponde al 63,5% del total demandado durante 2019 hasta ese día.

La inestabilidad  venía influyendo negativamente desde antes del estallido social. El Índice de Perspectivas Económicas (IPEC) de GfK Adimark completó precisamente en octubre quince meses en zona de pesimismo, es decir, desde mediados de 2018 cuando como ya anotábamos comenzó a darse un claro proceso de desaceleración económica, a los pocos meses de iniciarse el nuevo período presidencial de Sebastián Piñera. El incremento en el primer semestre de 2018 estuvo influido por una comparación estadística favorable dado que en los mismos meses de 2017 el producto permaneció estancado y además internacionalmente se daba un escenario favorable.

El IPEC de octubre registró un nivel promedio de 36,7 puntos, siendo cincuenta la divisoria entre un estado de optimismo con el de pesimismo. En septiembre había sido de 38,6 puntos. La encuesta realizada a 1.100 personas mayores de 18 años en las principales ciudades del país, tuvo un componente desagregado, entregando la evolución del indicador mensual antes y después del 18 de octubre, cuando se expresó ya claramente el estallido social. En el primer momento el IPEC anotó 37,9 puntos, descendiendo en siete décimas porcentuales con relación al reducido promedio de septiembre. Para caer luego desde el 18 de octubre a apenas 32,9 puntos.

Lo notable es que desde agosto todo los sectores socioeconómicos se encontraban en zona de pesimismo, incluido el ABC1, de las capas de la población de más altos ingresos. “De acuerdo con los datos -reflexionó Max Purcell, gerente general de GfK Adimark-, los segmentos que vieron las caídas más bruscas en sus perspectivas tras la crisis son los grupos socioeconómicos más altos y los más jóvenes. Probablemente, ambos grupos -agregó- eran los más descontentos de la realidad antes de esta crisis y que tuvieron conciencia con su surgimiento” (05/10/19).

IPEC por sectores socioeconómicos agosto-octubre 2019

(Fuente: GfK Adimark. En puntos del total. (1) precrisis, (2) poscrisis)

ABC1 C2 C3 D/E
ago sept  oct(1) oct(2) ago sep oct (1) oct(2) ago sep oct(1) oct(2) Ago sep oct (1) oct (2)
41,3   45,5   43,5    34,4 41,3  40,0   39,4   38,4 49,0  39,3 33,3  33,7 37,6  35,9  37,5      30,0

 

Luego del estallido de la crisis, las respuestas que mostraron más pesimismo fueron las que preguntaban sobre “situación país” (28,6 puntos) y “estabilidad país a cinco años” (21,6 puntos). En el promedio mensual en comparación con septiembre, el segmento ABC1 descendió en cuatro puntos, en lo cual con seguridad está presente la inquietud sobre la situación general y también las dificultades concretas producidas en variados sectores. La Cámara de Comercio de Santiago estimó que en la parte final del mes de octubre las ventas del comercio en cifras anualizadas descendieron en 10%, los servicios en 19% y el turismo y la entretención en 36%. El promedio poscrisis del ABC1 fue de 34,4 puntos. En cuanto al grupo etario entre los 18 y 35 años su índice mensual se redujo en nueve puntos, llegando en Santiago durante el período poscrisis a apenas 30,2 puntos.

Los impactos económicos de la reducción en los niveles de actividad son muy fuertes. Desde luego, los ingresos fiscales son proporcionales al nivel de actividad, por tanto se reducen. Paralelamente, incluso el precario paquete social con cargo fiscal del Ejecutivo[1] implica un mayor gasto estimado en US$1.200 millones, aunque US$440 millones se cubren vía reasignación. De manera, que en 2019 crece el déficit fiscal y también el estimado en el presupuesto de 2020. Igualmente se incrementó el déficit estructural previsto para el año 2020 de 1,6% a 2%. Al cierre del tercer trimestre, según las cifras proporcionadas por la Dirección de Presupuestos, el déficit efectivo era de $2,2 billones (equivalente al 1,1% del PIB). En las últimas dos semanas de octubre la facturación por IVA se contrajo en un 25%.

Al presupuesto 2020, en proceso de aprobación, se necesita introducirle con los datos ya proporcionados importantes modificaciones, en relación a la propuesta inicial. Incluso se habló de un Informe de Finanzas Públicas de “emergencia” para incluir el modificado cuadro de ingresos y gastos. Ello sin considerar, que los problemas planteados por la crisis conducen a niveles aún superiores de gasto y que el proceso de desaceleración económica exige aplicar políticas fiscales de otra envergadura, que consideren en particular el efecto multiplicador que tiene la inversión pública. Definitivamente en la coyuntura existente se precisaba hacer uso de los fondos soberanos existentes en el exterior, producto en lo fundamental de la etapa de “vacas gordas” en la cotización del cobre. En 2019 se usarán US$850 millones. En 2020 los fondos soberanos deberían emplearse no solo para cubrir parte del déficit sino como mecanismo de estímulo a la economía.

Durante octubre, el intercambio comercial del país, que ya venía registrando un curso descendente en relación al año anterior, la caída se intensificó de acuerdo a cifras del Banco Central. Las exportaciones que venían reduciéndose en doce meses ininterrumpidamente desde febrero, influyendo el proceso de desaceleración vivido a nivel mundial, en octubre lo hicieron en 20,7%, fundamentalmente por menores envíos producidos en la segunda quincena.  En el décimo mes del año las colocaciones de cobre cayeron en 23%, los productos agropecuarios en 3% y los industriales un 19%.  En cuanto a las importaciones de bienes también descendieron sistemáticamente desde febrero, consecuencia de la debilidad de la demanda interna, en octubre lo hicieron en 19,8%, y las de bienes de capital en 20,6%, que dan una señal de lo acontecido en materia de inversiones.

La situación también exige concretar el consenso creado de establecer gravámenes mayores para los sectores de la población de mayores ingresos, eliminando paralelamente una serie de exenciones que los favorecen. El Ejecutivo suscribió un acuerdo con los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, en reemplazo de la demanda de retirar el proyecto tributario.  Se abandonó disposiciones aprobadas en la Cámara de Diputados en acuerdo con la directiva de la Democracia Cristiana, entre ellos la integración del sistema, las modificaciones a la norma general antielusión y se abandonó la ampliación del beneficio a las empresas constructoras de extensión de la rebaja del IVA.

El acuerdo fue valorado en forma diferente por sus partícipes.  El presidente de la comisión, Ricardo Lagos Weber destacó que el “proyecto ha sido modificado sustantivamente, no solamente en términos de los que recauda (cerca de US$2.000 millones), sino que es muy importante porque hay un giro respecto a un proyecto que apuntaba a rebajar impuestos a un sector de chilenos que les va muy bien”. Por su parte, Ignacio Briones subrayó que “se trata de una reforma que es proinversión, procrecimiento y propyme (…) y, además, recauda recursos que son fundamentales para financiar la agenda social de forma responsable y sostenible” (09/11/19).  En el acuerdo se estableció un nuevo tramo en el global complementario de 40% para rentas mensuales sobre $15 millones y una sobretasa a activos inmobiliarios con un avalúo fiscal superior a los $400 millones que de acuerdo a estimaciones de plataformas inmobiliarias afectaría a 10.440 unidades, un 0,19% de todas las propiedades habitacionales, las cuales en un 74% están en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura.  Al mismo tiempo se hizo obligatorio a las sociedades de inversión cancelar patentes municipales.  Para pymes con ventas de hasta 75.000 UF se establece un régimen especial 100% integrado, con un impuesto de 25%, depreciación instantánea y podrán optar entre contabilidad completa o simplificada.  Para las empresas con ventas sobre las 75.000 UF  se mantiene el sistema semiintegrado.

En otro plano, se concordó en establecer una agenda en seis meses para revisar las exenciones del sistema tributario, las cuales la Dipres estima que ascenderán en 2020 a US$9.028 millones, un 2,86% del PIB.  Los objetivos a alcanzarse fueron visualizados  también en forma diferente.  Para Ignacio Briones constituiría “una hoja de ruta relevante para que, quién sea gobierno en el futuro, tenga un consenso respecto de cual es el tratamiento”.  Ricardo Lagos Weber consideró se vería en el tiempo cómo vamos a abordarlo”.  En cambio, Carlos Montes fue de opinión que la instancia a crear “debiera proponer un conjunto de correcciones en un plazo de seis meses” (09/11/19). En la práctica, las injustificadas exenciones y beneficios que en lo fundamental favorecen a grandes intereses económicos seguirán vigentes.

Sin duda es un cambio radical con relación al proyecto enviado al Congreso por el ejecutivo y defendido intransigentemente por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.  Esta iniciativa, aprobada dificultosamente en la Cámara de Diputados, como destacó la economista Andrea Repetto, “tampoco recaudaba más bien reducía los impuestos que pagaban los dueños de las empresas más grandes.  Esto es –subrayó- un cambio de mirada positivo para el país” (08/11/19).  Sin embargo se postergó indefinidamente terminar con las regresivas exenciones tributarias existentes y por primera vez, en palabras del ministro de Hacienda, se habló de reducir el IVA, el tributo más regresivo, cuya disminución deberías ser una gran demanda ciudadana.

El desahuciar la integración tributaria a las empresas grandes, el “corazón” del proyecto según la dupla Piñera-Larraín, el desagregar la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario de la regresiva ley de reforma previsional, constantemente impugnada por el Ejecutivo y sus ministros del Trabajo, incluida la hace poco asumida en el cargo María José Zaldivar, fue tajantemente impugnado por los sectores más recalcitrantes de la derecha.  Un ejemplo de ello lo proporcionó el director ejecutivo del udista Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, en un crítico artículo titulado “En qué está el gobierno”.  “En relación a la llamada agenda social –escribió- resulta más difícil dilucidar en qué está el gobierno.  Creer –agregó- que terminarán los desórdenes porque se hace una concesión en materia tributaria (…) es una ingenuidad.  ¿Qué valen entonces para el gobierno los acuerdos para aumentar impuestos (…)? Es más débil un líder cuando más muestra sus ansias de llegar a acuerdos inmediatos, abandonando incluso sus principios.  ¿Por qué por tercera vez en su gestión presidencial sube los impuestos, si eso afectará al crecimiento? En materia de pensiones, por su parte –recalcó- da la impresión que jamás habrá una posición negociadora más débil para quienes creen en el sistema de capitalización.  Desde esa perspectiva hay que considerar si hace sentido separar el proyecto y solo seguir tramitando el aumento del pilar solidario (…).  Esa sería una estrategia, la del gobierno no se conoce” (09/11/19).

[1] Véase Carta Económica 27/10/19.

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