Una semana sin suministro de agua potable en la zona alzó las voces ciudadanas y políticas que exigen el cese del contrato con Essal.

Equipo ES. 22/07/2019. La crisis sanitaria que se generó en Osorno está lejos de acabar, ya que recién este domingo se repuso en su totalidad el suministro después de varias falsas alarmas, sin embargo, el agua seguiría contaminada. Varias denuncias advierten que el agua contendría coliformes fecales, hecho que confirmó la Seremi de Salud de Los Lagos y la alcaldía de Osorno, incluso se tuvo que cerrar hasta nuevo aviso el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Rahue Alto.

Esta situación puso nuevamente en tela de juicio el tema de las concesiones, por la deficiencia en la entrega de los servicios básicos, en contraste con las altas utilidades que le significan a los privados.

Es por ello que transversalmente en el mundo político y desde organizaciones sociales surgió la necesidad de poner fin al contrato que actualmente rige entre el Estado y Essal.

Gabriel González, dirigente de la mesa social de Osorno, señaló que lo ocurrido debe ser una señal de alerta para que Chile tome conciencia de la necesidad de que el agua sea propiedad de todos los chilenos, y no de empresas privadas, puesto que son “incapaces de entregar el suministro a la población”.

En ese marco, la mesa social de Osorno exigió que se caduque la concesión del agua a la empresa Essal y solicitó una indemnización que se refleje en el no pago de la cuenta del servicio.

En tanto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) confirmó que llegaron cerca de 400 reclamos relacionados con los cortes. Dicho organismo mediante un comunicado dijo que la ley establece que la empresa debe descontar de forma obligatoria y automática en el siguiente estado de cuenta, el tiempo que los consumidores estuvieron sin el suministro. Y recalcó que verificarán el cumplimiento de esos descuentos y exigirán compensaciones por los daños adicionales que sufrieron los habitantes y el comercio en la comuna.

Desde el mundo político las reacciones en repudio a la privada son transversales y van desde el Frente Amplio hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes piden el cese de la concesión con Essal y la aplicación de multas.

Es por ello que el superintendente de Servicios Sanitarios (s), Jorge Rivas, aseguró que el ente está estudiando multas de 600 millones de pesos y la posibilidad de caducar la concesión de la empresa sanitaria.

Asimismo, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, manifestó que espera sanciones de acuerdo a la gravedad de los hechos y añadió que en caso de poner fin a la concesión, debe quedar un administrador provisional hasta el proceso de licitación donde se espera la llegada de otra compañía. La decisión sería de exclusiva atribución presidencial.

El proyecto del PC

La bancada parlamentaria del Partido Comunista emplazó al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, por retrasar proyecto que aumenta multas a sanitarias por cortes de agua.

El proyecto que se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado, reconfigura las multas para las empresas sanitarias. De esta forma plantea:

– Las empresas sanitarias deben responder por las reiteradas suspensiones del suministro de agua potable que han afectado a decenas de miles de personas.

– Uno de los cuestionamientos principales hacia Aguas Andinas dice relación con la falta de inversiones para precaver situaciones de emergencia.

– Esta situación revela la insuficiencia de las regulaciones actuales respecto de las empresas sanitarias.

– El proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Núñez y la Bancada que regula los servicios sanitarios incrementa sustantivamente las multas por incumplimientos en los planes de desarrollo.

– Al mismo tiempo, el proyecto crea una compensación a los usuarios por suspensión del servicio de agua potable.  Esta será equivalente a cinco veces el valor promedio del consumo diario de los últimos tres meses.

– Fin de los cobros por corte y reposición.

– Además, faculta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a modificar los planes de desarrollo y ordenar la ejecución de las inversiones necesarias para asegurar la continuidad de los servicios.

– Nuevas regulaciones sobre las utilidades que se traducirán en una disminución de las tarifas, que según un estudio de BICE, podría llegar hasta un 19%.

– De aprobarse este proyecto, que está en segundo trámite en el Senado y que fue aprobado unánimemente en la Cámara de Diputados, el Estado contará con más herramientas para asegurar la provisión de agua potable a la población en situaciones de emergencia, a través de herramientas de control y fiscalización a las sanitarias, por lo que se ha solicitado al Gobierno que le de urgencia.

 

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