Una batería de golazos contra la población, que se suman a sucesos anteriores como la colusión de grandes empresas con afectación a los consumidores.

Gonzalo Magueda. Periodista. 02/05/2019. La situación de abusos contra la población alcanzó alto tonelaje en estos meses. Una batería de medidas y decisiones cayó como balde de agua fría sobre millones de familias chilenas, en un país donde la mayoría de los asalariados gana menos de 600 mil pesos mensuales.

El listado no es menor e incide en el nivel de vida de gran parte de los 18 millones de habitantes del país, exceptuando al 1% multimillonario.

El alza en los planes de salud de las Isapres (Instituciones de Salud Previsional), la imposición de instalación de “medidores inteligentes” de la luz, el controversial pago por salud en la declaración de impuestos de los trabajadores a honorarios, la estratosférica diferencia en los precios de libros de texto escolar, la subida de precios en alimentos, educación y transporte, aumento en costos de servicios como el Registro Civil, son algunas de las situaciones que está soportando la población. A ello hay que sumar situaciones ocurridas hace relativamente poco tiempo, como el efecto negativo de la colusión de grandes empresas en el caso de los pollos, supermercados, farmacias y papel higiénico, y las alzas en peajes de autopistas.

La evidencia muestra que los episodios de prácticas abusivas, medidas antipopulares y alzas de costos, obedecen a decisiones de consorcios privados y financieros nacionales y trasnacionales, a entidades del Estado y a grandes empresas.

En consulta a organismos especializados y economistas, se detectó que no hay cálculos de las pérdidas o costos que esta línea de episodios produce en la población, pero se estima que no baja de varios miles de millones de pesos que deben asumir las familias chilenas.

El asunto llega a tal explicitación, que el propio Presidente Sebastián Piñera, en el programa “Bienvenidos” de Canal 13, hablando de la instalación de los “medidores inteligentes”, afirmó sin más: “¿Quién lo paga? Digamos las cosas como son: el usuario paga todo”.

Y es que el usuario anda pagando de todo y a altos costos, cuando de acuerdo a datos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el promedio de aumento de sueldos en Chile es de alrededor de un escuálido 1%.

El disparo de alzas de acuerdo al IPC

Harto contraste si se considera que el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), marcó una subida de 0.5% (el Gobierno y especialistas esperaban solo un 0.3%), lo que dejó una negativa inflación del 2%.

Eso implicó que se encareciera la educación universitaria en 45%, los alimentos en un 12.7%, los jardines infantiles en un 7%, los preuniversitarios en 8.3%, entre otras alzas de precios. Habría que considerar que el pasaje del Metro volvió a subir y que los arriendos siguen presentando aumentos que dejan departamentos arriba de los 500 mil o 600 mil pesos mensuales en muchas comunas del territorio nacional.

Citado por el diario Pulso, el investigador de la Fundación Nodo XXI, José Miguel Sanhueza, dijo que “la desregulación es el denominador común de los sectores que tienen alzas significativas”, apuntando a un tema que se viene arrastrando hace años: la no regulación a los privados, lo que genera abusos hacia la población.

Golpe al bolsillo en textos escolares e Isapres

Permanentemente la gente va conociendo noticias que sorprenden. En el verano, cuando las familias compraban útiles y textos escolares, muchas con enorme esfuerzo, se supo que la diferencia de precios entre los libros que entrega el sector público y los que se venden por editoriales privadas y librerías, era de 42 puntos. Apuntando a otros datos, Ricardo Riesco, Fiscal Nacional Económico, informó que “en el sector privado los textos escolares se adquieren a un precio que es al menos 10 veces superior al precio de los textos escolares del sector público”.

Hay libros que se pueden o se deberían adquirir en 5 mil pesos y cuestan 30 mil. Una familia gasta, en promedio, 160 mil pesos al año en útiles para sus hijos que estudian primaria o enseñanza media.

La otra sorpresa vino de las Isapres. La Superintendencia de Salud informó el 1 de abril que las mayores compañías privadas de salud aplicarían un alza en el precio de sus planes en un 5.1% promedio, supuestamente por mayores gastos de la industria. Eso significa un alza superior en 1.5% a la media de los últimos 13 años; es el alza más grande en la última década.

La subida en los costos de planes se dio así: Cruz Blanca 7.7%; Colmena, 6.3%; Consalud, con 5.9%; Banmédica, con 4.9%.

La protesta y el enojo se vio en las redes sociales, en testimonios en programadas radiales, en sondeos, y en ámbitos familiares y de trabajo. En el marco de la complejidad y trámites enredosos que se ven obligados a realizar usuarios cuando quieren reclamar o modificar un plan, en el caso de las Isapres el camino es ir a la Superintendencia de Salud o iniciar un proceso judicial.

De acuerdo a información difundida en los medios de prensa, estas instituciones, controladas por consorcios privados y financieros, tuvieron una ganancia de 64 mil millones de pesos en 2018, con un alto incremento de utilidades.

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Cavieres, quiso explicar el asunto diciendo que “el año noventa, las Isapres beneficiaban nueve prestaciones per cápita al año y (ahora) son 27”. También la entidad empresarial reportó que la salud tuvo un aumento de costo de 9.4% y las Isapres pagaron (por prestaciones médicas y licencias médicas) 284 millones de dólares, con una ganancia de 91 millones de dólares, que implicó una caída de 10.5%.

Por cierto, desde el Ministerio de Salud, y voces de expertos y parlamentarios, se dijo que realmente no hay información que explique el alza de 5% en los planes médicos. Victoria Beaumont, de la Fundación Politopedia, dijo al periódico El Mercurio que “a las Isapres les ha faltado transparencia para informar los gastos de los usuarios y cómo unos subsidian a otros. Se han negado a hacerlo”.

En definitiva, y pese a que el Gobierno anunció que en abril enviaría al Congreso el proyecto de cambio en la legislación de las Instituciones de Salud Previsional y se tomarían cartas en esto de las alzas -donde siempre está presente lo de grupos etarios: mujeres, niños, etc.-, la gente está en la incertidumbre y existe la sensación de que, finalmente, se terminará pagando más.

Otra de las Isapres, gracias al SII

Algo más que molestia produjo la declaración de impuestos de los trabajadores a honorarios o independientes, con la obligación de pagar un monto por salud al Servicio de Impuestos Internos (SII). Hubo reclamos masivos por dos razones: no se entendía bien cómo hacer la declaración y en qué consistía la retención, y porque se retenía dinero del contribuyente para que fuera a salud, cuando ellos estaban pagando planes de manera personal.

El columnista Oscar Contardo explicó que los contribuyentes que pagan su salud, fueron informados que las Isapres recibirían parte de la devolución de impuestos. “Es decir, las Isapres se quedarían con un dinero que no le correspondía, un monto extra al que el contribuyente ya pagaba”. El senador Alejandro Guillier indicó en redes sociales: “He recibido muchas denuncias y consultas de trabajadores independientes que, habiendo pagado sus cotizaciones de salud durante 2018, @SII_Chile se las estás descontando de la renta de impuestos para pasárselas como pago anticipado a las Isapres”. En definitiva, en esto también ganan los consorcios privados y pierde y se disgusta el ciudadano, con el aval del SII.

La subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar intentó explicarlo: “No hay golazos, (no) están pagando plata de más o de manera indebida. Lo que pagué en 2018 me dio cobertura el 2018, lo que voy a estar pagando en mi declaración de impuestos es a futuro…”

Como sea, parlamentarios y especialistas indicaron que todo esto es confuso, que claramente hay un beneficio a grandes empresas de salud privada, que para los contribuyente fue inentendible el trámite y además se precisó que esta ley no cuenta con un reglamento.

El golazo de los medidores

En la opinión pública se instaló fuerte el tema de los “medidores inteligentes” de luz que, prácticamente por obligación, deberían colocar en sus hogares unas 4 millones 600 mil familias y otros usuarios. Por ahí se dijo que el cliente que no quiera hacer el cambio, sería reportado al SEC (Sistema Eléctrico Nacional). Como afirmara Piñera, “el usuario paga” y esto significaría que los mil millones de dólares de inversión en estos aparatos, serían traspasados a las cuentas de luz de las y los chilenos. Por lo demás, persisten las versiones de que el gasto en electricidad aumentará. Como para contrarrestar la medida, el Ministerio de Energía informó que existía un acuerdo con las empresas Chilquinta, Saeza y Enel de pagar 10 mil pesos por el medidor antiguo y así paliar el gasto del nuevo…

Esto provocó un tsunami comunicacional, abordándose el tema en matinales de radio y televisión, con polémicas políticas, fuegos cruzados, debates técnicos, vocerías del Gobierno y de los privados, y algunos parlamentarios aclararon que la ley aprobada en enero, a prisa, no incluía nada respecto a instalación de “medidores inteligentes”. Pero la gente anda nerviosa, se piensa que tratándose de monopolios de gran poder, como el consorcio CGE, en manos de la española Naturgy, todo seguirá su curso.

El clima crispado lo aumentó, paradójicamente, el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco (en el Gobierno de Michelle Bachelet), quien expresó un par de verdades en el programa “El primer café” de Radio Coperativa: “Esta no es una discusión tecnológica. En mi opinión es una discusión de una política pública aberrante. Esto fue un golazo que le metieron las distribuidoras eléctricas al Estado. Es una política contra el bien común y en favor de las distribuidoras que con ello están cometiendo un abuso inaceptable contra los hogares”.

La burla del Registro Civil

El caso del Registro Civil fue irrisorio. Anunció a los vientos que once trámites en esa dependencia pasaban a ser gratuitos (documentos de nacimiento, defunciones, matrimonio, hoja de vida del conductor, entre otros), pero mantuvo en una suerte de secretismo que aumentaban considerablemente otros servicios. Eso fue criticado en programas radiales y en las redes sociales.

Así, la Placa Patente Única de vehículos subió de 18 mil 190 pesos a 23 mil 490; duplicado de la Placa Patente Única (la unidad), de 8 mil 100 pesos a 10 mil 460 pesos; Placa patente únicas de motocicletas, motonetas y bicimotos (la unidad), pasó de 3 mil 850 a 4 mil 240 pesos; las copias fotostáticas emitidas y certificadas por el Registro Civil, costaban 640 pesos y subieron a 830 pesos; Arancel por cada multa morosa pagada se elevó de 2 mil 700 pesos a 3 mil 490 pesos.

Frente a este panorama, el director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), el sociólogo César Bunster, sostuvo que “las prácticas abusivas forman parte inherente del sistema económico neoliberal imperante en nuestro país y de todo su consiguiente andamiaje institucional. En consecuencia, desde la Constitución pinochetista que nos rige, hasta el tipo de Estado – que por acción u omisión permite prácticas abusivas- impactan directamente en la calidad de vida de nuestra ciudadanía, lo que prevalece  no es el bien común sino el lucro de una minoría.

Añadió, consultado por El Siglo que “nuestra sociedad sigue subordinada a intereses de grandes grupos de poder financiero y empresarial. Aspectos como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo decente con salarios dignos para hombres, mujeres y jóvenes no constituyen derechos. Las leyes, normas, reglamentos y regulaciones que dan forma al quehacer nacional y establecen nuestro tipo de convivencia como comunidad, son asimétricas, favoreciendo a la minoría más rica”.

Bunster afirmó que “sin duda alguna, una de estas expresiones de abuso es la corrupción que corroe el mundo de los negocios, las empresas, la política, la Iglesia, el Ejército y Carabineros, llegando a la situación de que la Corte Suprema deba intervenir la Corte de Apelaciones de Rancagua por gravísimos actos de corrupción cometidos por alrededor de una veintena de jueces, abogados litigantes y funcionarios”.